Santo Domingo, D.N.- El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito; el jefe de Investigaciones de la Dirección General de Migración (DGM), general Santana Almonte, y el general de brigada Jacinto Minaya Herrera, titular de la Dirección de Inteligencia Delictiva (Dintel), ampliaron la información sobre el arresto de las 15 personas, incluyendo 10 empleados de la Dirección General de Migración (DGM), que supuestamente formaban parte de una red internacional que se dedicaba al tráfico ilícito de migrantes desde República Dominicana hacia algunos países de Europa y Estados Unidos.
En ese sentido Domínguez Brito destacó las labores del director general de Migración, general Rubén Paulino Sem “junto a todo su equipo de trabajo de dicha institución, por la firme decisión de continuar profundizando las investigaciones hasta lograr detectar las ramificaciones de esta red y que esas personas sin excepción, sean sometidas a la acción de la justicia. Estamos hablando de una estructura que operaba por más de 10 años en Migración y que tras las investigaciones iniciadas en abril de este año, hemos podido identificarla”.
Las autoridades identificaron a los imputados, entre los cuales estál los dominicanos Javier E. Liriano Féliz (Kiko), Benedicta Féliz Medina (Madre de Kiko), Roy Miguel Liriano Féliz (Guelo) o (El Flaco), Rafael Federico Pérez Pérez (El Viejo), Juan José Ortega Heredia (El Montrico) o (Cristian) y Miguel Euclides Laureano Reyes (Un Sujeto).
También de Isael De Jesús Ayala De La Cruz o Ambrocio de Jesús Ayala Ángeles (Canita), Monika Gissel Pérez Rodríguez (Monika) y Pedro Bienvenido Ventura Rodríguez (Pedro), así como de Kelin A. Mora García, Ivelisse de Morla Zorrilla, Ramón Antonio Valdez Díaz, Flor Ángel Encarnación, Michael Villar Reyes y Richard de Jesús Pérez.
Los detalles del caso fueron ofrecidos durante una rueda de prensa celebrada en la Procuraduría General de la República, donde se informó que el Ministerio Público solicitó prisión preventiva en contra del grupo y que el caso fuera declarado complejo por supuestamente incurrir en los delitos de tráfico ilícito de migrantes, falsificación de documentos públicos, pasaportes, billetes de banco, sellos, timbres, papel sellado y marcas del Estado y doble identidad, los cuales se encuentran tipificados y sancionados en las disposiciones de los artículos: 1 (literales f y h) 2 y 7 (literales b, c, d, e y h) de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, 139, 147, 148 del Código Penal Dominicano, y 13 de la Ley 8-92 sobre Cédula, en perjuicio del Estado dominicano.
Revelaron además, que la presunta organización realizaba sus operaciones a través de los diferentes aeropuertos del país, alegadamente burlando los controles migratorios de las autoridades competentes, además de que supuestamente facilitaban documentos falsos, identificaciones, sellos, visas y pasaportes, con la finalidad de obtener un beneficio económico que oscilaba entre los 350 mil y 500 mil pesos.
La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes junto a La Dirección General de Inmigración y la Dirección de Inteligencia Delictiva (Dintel), iniciaron una investigación el 15 de abril de 2015, tras recibir la información de que el nombrado Javier Enrique Liriano Féliz (Kiko) formaba parte de una red transnacional dedicada al tráfico ilícito de migrantes, logrando establecer que es el supuesto cabecilla de la organización y quien coordina, organiza y tiene el dominio absoluto de las actuaciones del grupo, a quienes les delega funciones.
En el transcurso de las indagatorias además, se ha podido determinar que Javier Liriano Féliz alegamente se ocupaba del proceso de captación, promoción e inducción junto a Miguel Euclides Laureano Reyes (Un Sujeto), y que en ocasiones se encargaba de comprar y/u obtener de Pedro Bienvenido Ventura Rodríguez, documentos de viajes verdaderos para que pudieran ser utilizados por la organización en el proceso de alteración o falsificación.
Además con Isael De Jesús Ayala De La Cruz y Monika Gissel Pérez Rodríguez era coordinado el franqueo de sus clientes y de sus colaterales por los diferentes aeropuertos del país, utilizando para tales fines las gestiones y contactos de éstos últimos como inspectores de migración.
En el caso de Benedicta Féliz Medina (Madre de Kiko), ésta es señalada como la persona que recibía los documentos alterados, los cuales guardaba y posteriormente entregaba de manera personal a las personas solicitantes de los servicios para emigrar y que habían sido captados por la organización, además de que supuestamente era quien recibía el dinero que era entregado por los clientes a la organización como pago por los servicios de alteración y falsificación de documentos de viaje. A dicha imputada además se le atribuye la distribución de los pagos a los demás miembros de la organización. Durante las pesquisas fueron ocupados en su poder 16 papeletas con apariencia de billetes de 2 mil pesos, una papeleta con apariencia de billete de mil 1,000 pesos y dos papeletas con apariencia de billetes de 500 pesos, que por su apariencia se presume que son falsos.
Roy Miguel Liriano Féliz, Rafael Federico Pérez Pérez y Juan José Ortega Heredia alegadamente se encargaban de crear y adulterar documentos de viaje y de residencia, en su mayoría de países Europeos, además de remover e insertar elementos en documentos de viajes y confeccionar pasaportes falsos con nombres supuestos, elaborar y suplantar visados, así como de implantar y de borrar sellos de entrada y salida de movimientos migratorios ficticios, para lo cual presuntamente utilizaban sellos de diferentes instituciones públicas que intervienen en el proceso de entrada y salida de migrantes hacia la República Dominicana y otros países de Europa y Estados Unidos, los cuales fueron encontrados durante los allanamientos realizados.
En referencia a Miguel Euclides Laureano Reyes, éste supuestamente estaba a cargo junto a Javier Enrique Liriano Féliz de todo el proceso de captación, promoción e inducción, y en ese sentido, supuestamente se encargaba de promover los servicios de falsificación, induciendo a personas a viajar fuera del país con los recursos de esta organización y una vez que eran captados, alegadamente los ponía en contacto con Javier Liriano Féliz y con Benedicta Féliz Medina, para la gestión, pago y entrega de los documentos ya falsificados.
Pedro Bienvenido Ventura Rodríguez, empleado del departamento de Investigación de la Dirección General de Migración, alegadamente faltando a su función como servidor público, se encargaba de distraer y conseguir los documentos de viaje alterados que eran retenidos por la Dirección General de Migración en las detenciones y devoluciones de viajeros que se realizaban durante los procesos migratorios y los entregaba a Javier Liriano Féliz y a Laureano Reyes a cambio de dinero, a fin de que pudieran ser reutilizados por la organización y no en contra de los clientes en procesos judiciales que pudieran ser aperturados en contra de los mismos.
En ese mismo orden, las autoridades indicaron que Isael de Jesús Ayala De La Cruz (inspector de Migración hasta el pasado 1 de agosto) era supuestamente quien por instrucciones y en coordinación con Javier Liriano Féliz instruye a Monika Gissel Pérez Rodríguez, Kelin A. Mora García, Ivelisse de Morla Zorrilla, Ramón Antonio Valdez, Flor Ángel Encarnación, Michael Villar Reyes y a Richard de Jesús Pérez, quienes se desempeñaban como inspectores y supervisores de la Dirección General de Migración, para que los mismos, alegadamente faltando a su función como servidores públicos, colaboraran activamente con el presunto grupo delictivo de criminalidad organizada, permitiendo y facilitando, como al efecto presuntamente lo hicieron, el tránsito y salida de los sujetos traficados por los distintos aeropuertos internacionales del país, haciendo uso de los pasaportes y documentos de viaje falsos e identificaciones que elaboraba y facilitaba este supuesto grupo criminal.
Específicamente se ha establecido que Javier Liriano Féliz, Benedicta Féliz Medina y Roy Liriano Féliz, así como Rafael Federico Pérez, Juan José Ortega Heredia y Miguel Euclides Laureano eran supuestamente con quienes eran coordinadas las actividades de tráfico ilícito de migrantes de la organización. En ese sentido, se destaca que estos inspectores alegadamente omitían la verificación de los requisitos legales, presuntamente permitiendo que fueran evadidos los controles migratorios establecidos por las autoridades competentes.
Durante los allanamientos hechos en este caso fueron encontrados y secuestrados, objetos, materiales y documentos relacionados con la captación, promoción, inducción, planificación y financiación de viajes de manera ilegal, así como documentación personal y documentos de viajes, relacionados con los investigados.
