Santo Domingo:- El fiscal Osvaldo Bonilla explica que los bienes ocupados a la red de lavado del narcotráfico incluyen empresas, estaciones de venta de combustibles y vehículos de alta gama.
“La acusación que hemos presentado al tribunal, es una acusación sin precedente, robusta”, dijo Osvaldo Bonilla, al afirmar que el expediente está blindado ya que aporta miles de pruebas que vinculan a cada uno de los imputados, más allá de alegatos y con imputaciones precisas de cargos sobre probados.
Al ser entrevistado, vía Zoom, por la periodista Rosa Encarnación, del programa El Despertador, el fiscal de Santiago detalló que son imputaciones por lavado activos provenientes del narcotráfico, asociación de malhechores, porte y tenencia de armas y delitos en contra del fisco.
“Es uno de los casos más importante contra la criminalidad organizada en República Dominicana, en los últimos tiempos”, sostuvo, además añadió que “el Ministerio Público lo ha trabajado con mucha transparencia, y con objetividad durante todo el caso”.
Bonilla lamentó la variación de medidas de coerción a involucrados en el Caso Falcón y sostuvo que el Ministerio Público enfrentará a quien deje de actuar de manera correcta.
El fiscal aseguró que el MP ha recusado (jueces) en algunos casos, cuando entiende que este ha violentado la ley”, dijo.
Bonilla explicó que las pruebas documentales y periciales llevaron al Ministerio Público a solicitar al tribunal el decomiso de más de 200 inmuebles, incluyendo estaciones de venta de combustibles, villas, apartamentos, empresas, así como una gran cantidad de vehículos de motor que incluyen automóviles de alta gama.
Señaló que la cantidad de dinero que les fue ocupado o inmovilizado a los integrantes de la red de lavado sobrepasa los 500 millones de pesos, al tiempo de señalar que los imputados manejaron en sus operaciones más de 10 mil millones de pesos.
Destacó que el Ministerio Público continúa trabajando en el proceso, al tiempo de considerar que los imputados deben seguir en prisión hasta que se conozca el juicio de fondo y se determine su condena, porque son imputados que, de ser puestos en libertad por los jueces no garantizan su presencia en los actos del proceso.
Bonilla dijo que se trata de imputados peligrosos a los cuales no se les pueden variar las medidas ya que se puede desvincular del proceso. “Un grillete, una presentación periódica no garantiza que un imputado de esa categoría se presente a una próxima audiencia o que cuando observe que se le va a condenar haya garantía de volver a los tribunales, yo creo que cada institución debe asumir la responsabilidad que le corresponde en el momento indicado”, expresó.
Bonilla refirió que el Ministerio Público gestionó orden de arresto contra unos cinco o seis prófugos. Además, que existen otros involucrados incluidos en el acto conclusivo y que respecto a ellos se amplían las investigaciones.
El fiscal de Santiago sostuvo que se trata de estructuras criminales que se mueven en diversos tipos de escenarios, por lo cual las investigaciones tardan, y quizás un año o 18 meses, a veces resultan plazos cortos para concluir una investigación.
“Nos hemos esforzado, el equipo de la Fiscalía de Santiago, con el equipo de Persecución del Ministerio Público y otras fiscalías y con el apoyo de toda la Procuraduría General de la República para presentar a tiempo este acto conclusivo consistente en una acusación”, resaltó.
Indicó que en la Operación Falcón participaron más de 40 fiscales y en la producción del acto conclusivo unos 20 que trabajaron día y noche para terminar la acusación junto a una gran cantidad de técnicos, profesionales y personal administrativo del Ministerio Público.
