SANTO DOMINGO.- La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia conocerá hoy la solicitud de prisión preventiva a cuatro personas pedidas en extradición por los Estados Unidos, acusadas junto a 12 más en una extensa “estafa de abuelos” para defraudar a estadounidenses de edad avanzada con millones de dólares.
Hoy a las 10:00 de la mañana el tribunal presidido por Francisco Jerez Mena, e integrado por María Garabito, Nancy Salcedo, Fran Soto y Francisco Ortega Polanco, conocerá la solicitud de medida de coerción en contra de los imputados, quienes se encuentran recluidos en la sede de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
La medida de coerción es contra de Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, también conocido como Max Morgan, José Ismael Dilón Rodríguez, Félix Samuel Reynoso Ventura, también conocido como Fili, y Filly The Kid y Juan Rafael Parra Arias, también conocido como Yofre, Nefy Vladimir Parra Arias.
El grupo está acusado formalmente de 19 cargos de conspiración para cometer fraude postal y electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero.
Entre los acusados figuran también uno conocido como Keko, Nelson Rafael González Acevedo, también conocido como Nelson Tech, Miguel Ángel Fortuna Solano, también conocido como Botija y Boti.
Igualmente, Carlos Javier Estévez, Luis Junior Rodríguez Serrano, también conocido como Junior, Miguel Ángel Vásquez, también conocido como Miguel Disla, Jovanni Antonio Rosario García, también conocido como Porky y Chop.
La solicitud de medida de coerción y de extradición fue presentada por el Departamento de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Procuraduría General de la República, que preside el magistrado Andrés Chalas.
En la audiencia las autoridades norteamericanas estarán representadas por la abogada Analdi Alcántara.
Cómo operaba
Los acusados participaron en una estafa de larga data operada desde un centro de llamadas en República Dominicana que tenía como objetivos a “abuelos” que residían en Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts, según detalló el DOJ en un comunicado.
La estafa comenzaba con los ‘abridores’ que llamaban a los ancianos haciéndose pasar por hijos, nietos u otros parientes cercanos, pidiendo ayuda económica para salir de un problema a raíz de un accidente automovilístico.
La estafa era hecha desde centros en República Dominicana que usaron tecnología para hacer parecer que las llamadas provenían de un número telefónico estadounidense.
Una vez que los ‘abridores’ lograban convencer a las víctimas, otros supuestos estafadores que trabajaban en los centros de llamadas, conocidos como ‘cerradores’, posiblemente se hicieron pasar por abogados defensores, agentes de Policía o personal judicial, y convencieron a las víctimas para que proporcionaran miles de dólares en efectivo para ayudar a sus seres queridos.
Los ‘cerradores’ normalmente convencían a las víctimas de entregar el dinero en efectivo a ‘mensajeros’ que enviaban a las casas. Estos últimos a menudo usaban nombres falsos y entregaban a las víctimas recibos falsos.
