Santo Domingo.- El exprocurador Jean Alain Rodríguez, implicado en el Caso Medusa solicitó a la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) y a la Procuraduría General de la República (PGR), pedir disculpas ante las faltas cometidas en actuaciones interna y externas en su perjuicio.
La solicitud fue realizada mediante un recurso de amparo interpuesto ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), el cual espera que sea acogido el próximo quince del mes en curso, fecha en el se reservó el fallo de proceso.
En el recurso, el exfuncionario establece que la Pepca y la PGR deben pedir disculpar y rectificación pública y expresa por las alegadas faltas cometidas y retirar todas las noticias en los medios digitales de la institución, así como las que están en los medios de comunicación escrito de manera que toda búsqueda digital de la palabra Medusa no conduzca a una relación con el nombre del imputado Jean Alain Rodríguez.
También indica en el documento solicitó abstenerse de utilizar expresiones vejatorias u otras que resultan innecesarias para referirse al imputado, ya que vulnera sus derechos.
El exprocurador realizó la través de sus abogados y solicitó al tribunal imponer a la Pepca y a la PGR, el pago de una astreinte de 50 mil pesos por cada día de retraso en la ejecución de las sentencias.
El exprocurador Jean Alain Rodríguez y los coimputados Alfredo Alexander Solano Augusto, Javier Alejandro Forteza Ibarra y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert cumplen 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección de Najayo Hombres.
En el caso figuran como coimputados Rafael Antonio Mercede Marte, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado, quienes cumplen arresto domiciliario, y Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de RD$1 millón en modalidad de contrato.
Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del procurador Rodríguez arrestado en España está en proceso de extradición.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, los imputados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
