Decenas de personas se han concentrado frente al Castillo del Cerro en el municipio de San Cristóbal, donde funciona la Escuela Nacional Penitenciaria, centro que forma y capacita a los agentes que ofrecen servicio y vigilancia en los recintos penitenciarios del país.
Se trata de vecinos del recinto y de otros sectores como Pueblo Nuevo, Conani, Bella Vista y la Loma de los Berigüete, quienes aseguran que a esa escuela están siendo llevados internos de la Penitenciaria Nacional de La Victoria y de otras cárceles contagiados de coronavirus.
Aseguran que los llevan en las noches y que el lugar se usará como centro de aislamiento para pacientes del COVID19.
“Aquí no queremos presos ni gente enferma. Tampoco aceptamos que nos traigan gente de otra lugar a enfermarnos” dijo una mujer que se identificó como Margarita Padilla.
Para Florencio Medrano, otro residente en El Cerro, la supuesta medida es un abuso y una provocación de las autoridades sanitarias del país. “Esto no es hospital, que se los lleven para otro lugar. Aquí no queremos gente enferma”. Gritaba exaltado.
Pero todo se trata de un rumor que circula en las redes sociales asegurando tal versión. Sin embargo, en la Escuela Nacional Penitenciaria, sólo se encuentran unos 30 agentes y ni siquiera están los agentes en formación quienes fueron despachados a sus casas el pasado 20 de marzo cuando se hizo la declaratoria de Emergencia Nacional.
De nada han valido las explicaciones de los encargados del recinto ni la presencia de agentes de la Policía Nacional que temprano de la mañana de este viernes santo dispersaron a un grupo. Por el contrario se siguen sumando moradores de otros sectores que han quemado neumáticos e impiden la circulación vehicular con basura y colocando otros obstáculos en las vías de acceso.
El pasado miércoles, el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas informó que en ese centro se realizarían las pruebas a 520 oficiales que prestan servicios en los recintos carcelarios.
“Ante el cambio de los equipos de atención en las cárceles junto a la Procuraduría General de la República estamos iniciando el sometimiento a pruebas rápidas previas en el Cerro de San Cristóbal a un total de 520 oficiales de prestación de servicios en las cárceles y otros tantos que serán ejecutados en El Pinito y en Mao”. Anunció el funcionario el pasado día 8 de abril.
