Las autoridades del Instituto de Protección al Consumidor acudieron al Tribunal Constitucional para intentar solucionar el problema de miles de usuarios.
La queja gira en torno a tres artículos de la Ley 483 que perjudica a los clientes que hacen contratos de compra, con garantía en inmuebles o vehículos.
Al respecto, la institución tiene unas 180 reclamaciones y en el Tribunal fue depositado un recurso de inconstitucionalidad.
