El pacto con que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) pretende superar la crisis en que lo han sumido las luchas por su control y la candidatura presidencial para el 2016 tiene un carácter profundamente antidemocrático que amerita el rechazo de toda la sociedad. Con este acuerdo se completa el ciclo de la crisis del sistema político nacional, lo que debe ser motivo adicional de profunda preocupación para la institucionalidad democrática.
En los últimos años hemos expresado nuestra preocupación por el deterioro de la democracia interna y el abandono de los organismos institucionales primero en el Partido Reformista Social Cristiano y luego en el Partido Revolucionario Dominicano, el primero prácticamente absorbido por el gobierno y el segundo dividido con incentivos gubernamentales.
Como aconteció en los otros dos partidos que han dominado el escenario nacional del último medio siglo, en el PLD han dejado de operar sus organismos de base y medios y hasta su Comité Central, integrado por unos 620 miembros, que según el artículo 13 de sus Estatutos “es la dirección e instancia superior del Partido después del Congreso Nacional”, y sus miembros se eligen cada cinco años, por lo que resulta antidemocrático que un órgano ejecutivo dependiente, como lo es el Comité Político, decida prorrogarlos, por segunda vez, ahora hasta el 2020.
Como ha sido constante en la historia nacional, el afán continuista de cuantos llegan al poder, comienza por dividir o fragmentar los mismos partidos de gobierno y termina lesionando la institucionalidad democrática, con alto costo económico, corrupción y compra de conciencia que paga toda la sociedad. Esta vez el mismo partido y hasta los mismos actores políticos que hace apenas cinco años, por conveniencia coyuntural eliminaron el precepto constitucional de dos períodos presidenciales seguidos y nunca más, deciden restaurarlo por simple conveniencia partidaria. Y como si fuera poco se comprometen a «impulsar oportunamente una tercera modificación también atendiendo a acomodos partidistas.
PC está obligada a reiterar su rechazo a la reelección presidencial hasta que esta nación alcance un mayor grado de institucionalización democrática que la preserve de los abusos que conlleva el afán continuista. En eso coincidía con nosotros el presidente Danilo Medina, ahora en proceso reeleccionista, quien en la campaña que lo llevó al poder prometió que de ninguna forma perseguiría gobernar más de un período «porque en las condiciones en que se encuentran las instituciones dominicanas, en esta situación de debilidad institucional que tenemos, la reelección no es saludable para la democracia dominicana».
La forma en que se ha pretendido saldar la crisis del PLD ya implica un agravamiento de la institucionalidad democrática nacional. No se puede justificar un reparto de candidaturas y cargos protagonizado por una minoría directiva para viabilizar un acomodo de la Constitución de la República que no ha encontrado consenso ni legitimidad ni siquiera en el partido que la promueve.
El reparto o reservas de la totalidad de las candidaturas legislativas y municipales mediante el pacto firmado por dos facciones del Comité Político del PLD de apenas 35 personas, una en el Palacio Nacional y otra en la Fundación Global, violenta principios consagrados en los artículos 22 y 216 de la Constitución de la República, que garantizan el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas a “elegir y ser elegibles” y el respeto de los partidos al “pluralismo mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular”.
También desconoce el artículo 68 de la Ley Electoral 275-97, el cual instituye que la nominación a los cargos electivos “deberá ser hecha por el voto afirmativo de la mayoría de los delegados a convenciones regulares y públicamente celebradas tres días, por lo menos, después de haber sido convocadas”. Así mismo, se violentan los artículos 40-41 del Estatuto del PLD donde se instituye que “los candidatos del Partido para las elecciones nacionales, congresionales y municipales, se escogerán mediante primarias internas”.
Tanto el reparto como la reserva de las candidaturas congresuales y municipales, y la extensión del período de los dirigentes, atentan contra el derecho de los y las militantes del PLD e implican perpetuación. Más rechazables aún porque el pacto incluye el compromiso de no recurrir ante las cortes que podrían reivindicar los derechos conculcados, lo que parece implicar el reconocimiento de que las mismas están bajo control de una de la facciones en disputa.
El papel protagónico que se atribuye al Secretario de Organización del PLD, Félix Bautista, en el pacto con que se pretende saldar la crisis del PLD, hace temer que conlleve mayor impunidad para la nación, por el hecho de estar él mismo, y el secretario de Finanzas del partido, Víctor Díaz Rúa, pendientes de fallos en la máxima instancia judicial del país, sobre graves acusaciones de corrupción.
Participación Ciudadana rechaza este pacto tan antidemocrático y llama a toda la ciudadanía a reclamar el respeto a los principios que deben regir una sociedad democrática, el rescate de los partidos como sustento de la institucionalidad y el adecentamiento de la actividad política.
