El Movimiento Cívico no partidista Participación Ciudadana aseguró este lunes que el presente Gobierno casi iguala, en términos reales, «las cifras escandalosas que acostumbraban» gastar en propaganda los Gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana.
Participación Ciudadana dijo que el PLD en su año de mayor esplendor en el 2019, llegó a gastar 6,995 millones de pesos, en valor actual, aunque en valores corrientes eran RD$ 5,215 millones.
Sin embargo, señaló que, según datos publicados en la página web de la Dirección General de Presupuesto, durante el pasado año 2022 el Gobierno gastó RD$ 6,375 millones en publicidad y propaganda, lo que constituye casi el doble que lo destinado a ese fin el año anterior, cuando se habían gastado 3,651 millones de pesos.
PC criticó que esta práctica no se haya erradicado por la actual gestión, como prometió en tiempos de campaña.
«Esto es mucho decir, toda vez que uno de los aspectos que más molestaban a la opinión pública del país, era la cantidad de anuncios, opiniones prepagadas y cantos de alabanza que se agenciaban con el dinero de los contribuyentes, cosas que se suponía iban a ser erradicadas con el cambio de gobierno».
Asimismo, indicó que «el aprovechamiento del poder público para fines privados, es corrupción».
PC recordó que, el pasado 12 de mayo el presidente Luis Abinader, manifestó su disposición a mantenerse vigilante para impedir que los recursos del Estado sean usados en campaña, indicando que en su Gobierno no pasará lo que ha sido común en el pasado.
«Pero tal parece que el presidente no ha visto los frecuentes anuncios del Ministerio de Obras Públicas, promocionando los supuestos progresos en la reparación de la Autopista Duarte como si se estuviera promoviendo un producto que se vende en los supermercados; o los habituales espacios pagados de Pro consumidor y la propia Presidencia, mostrando datos en que compara el costo de la canasta básica entre diferentes países, usando números claramente inventados», condenó PC.
De igual manera, el movimiento cívico destacó el uso «abusivo de la publicidad estatal para resaltar la figura presidencial o de determinados funcionarios, promocionando supuestos logros, instituciones y obras de infraestructura que no ameritan propaganda, debido a que no conllevan valor de mercado para el consumidor».
De modo que, Participación Ciudadana hizo un llamado enfático a la Junta Central Electoral y al Tribunal Superior Electoral a asumir sus responsabilidades relativas a este tipo de propaganda.
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«Más aún, hay evidencia de que la pasada gestión de la Junta Central Electoral se hizo de la vista gorda ante la profusa campaña que llevaban a cabo candidatos a la presidencia o al Congreso con dinero sucio, habiendo aceptado informes con datos falseados sin ni siquiera investigar su veracidad, cuando estaba a la vista de todo el mundo el exceso que los propios protagonistas calificaran como la campaña más cara de la historia», señaló PC.
«Y mucho más, cuando, si aceptamos como válidos los datos contenidos en el expediente de la Operación Calamar, a lo cual tenemos derecho porque fue admitido como verdad por la mayoría de los implicados, en adición a la publicidad gubernamental se usaron miles de millones de pesos gastados privadamente, pero pagados con fondos extraídos irregularmente del presupuesto público», agregó.
El colectivo dijo que siempre estará confiado en que, «dado el cambio de contexto, aquello no volverá a ocurrir».
Pero advirtió que no basta con el trabajo del Ministerio Público, pues la JCE «tiene una misión indelegable en cuidar por la limpieza de la campaña, la limitación cuantitativa y la pulcritud cualitativa de los recursos usados. Igualmente esperamos la existencia de un régimen de consecuencias aplicables a quienes incumplan con las disposiciones al respecto».
