Varias organizaciones depositaron un documento al Tribunal Constitucional para que este proteja el derecho que tienen los ciudadanos a querellarse contra funcionarios que cometan actos de corrupción.
Justicia Fiscal, Centro Juan 23, Ciudadanos contra la Corrupción, el Centro Bonó, entre otras, advirtieron que modificar el artículo 85 del Código Procesal Penal generaría un blindaje jurídico para la corrupción y la impunidad.
