Los representantes del Ministerio Público ante las acusaciones que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pecpa), interpuestas contra exfuncionarios de la Oficina de Ingenieros Supervisora de Obras del Estado (OISOE), y allegados, por alegados actos de corrupción y lavado de dinero, reaccionaron sorprendidos por lo que a su juicio, ha sido un desacierto procesal de algunos abogados que componen la barra de la defensa.
En ese sentido el MP asegura que la única razón que justifica la petición de los abogados del imputado Carlos Ozoria ante el magistrado Alejandro Mosoco Segarra, para hacer depósito de unas supuestas pruebas que demostraban los movimientos económicos de Ozoria desde 1992, radica en pretender crear ante la opinión pública, la percepción de que tanto el Ministerio Público como el Juez, se niegan a aceptar las pruebas, considerando que “hemos reiterado y sostenemos, que ninguno de los encartados en este proceso han podido presentar un solo documento que avale las millonarias sumas de dinero y la cantidad de bienes e inmuebles que esta red societaria posee hoy en día”.
Agregaron que la barra de la defensa alega que el Ministerio Público ha pretendido hacer un manejo publicitario de la acusación, lo que al parecer “también indica que sufren de amnesia procesal, toda vez que quienes solicitaron que este proceso fuera abierto a los medios de comunicación de forma tal que pueda ser transmitido en vivo por diversos medios, ha sido parte de los principales imputados a lo que nosotros no nos opusimos y fue autorizado por la Suprema Corte de Justicia”.
“La defensa pretende crear un caos del proceso justo en la parte final de su turno, solicitando al Juez vulnerar el debido proceso de ley, pretendiendo realizar una presentación de pruebas anárquica para además dar la impresión de que nosotros como Ministerio Público no queremos que se pruebe la inocencia de los imputados, sin embargo, hay que destacar que el plazo para la presentación de las ofertas probatorias es de cinco días y no obstante a eso, el magistrado Mosocoso Segarra les dio un plazo de 15 días, por lo que está completamente fuera de tiempo, de proceso y de orden, dicha solicitud”.
