Agentes adscritos a la sub dirección Adjunta de Investigaciones Criminales en La Romana, capturaron a un adolescente de 17 años, de nacionalidad haitiana, que se había escapado de la cárcel preventiva de menores de esa ciudad, en fecha del 26-01-2016.
El menor, cuyo nombre se omite por razones legales, al momento de su detención se le ocupó una mochila en cuyo interior había un arma de fabricación artesanal (chilena); un cuchillo con su baqueta; una cizalla de corte y un machete.
Mientras que en el sector Los Mina, Santo Domingo Este, Alcibíades Antonio Hernández Pérez, de 48 años, murió a causa de asfixia por ahogamiento, según certificó el médico legista actuante, luego que éste cayera dentro una cisterna ubicada el patio de su residencia.
Según declaró su hijo de crianza, Yunior Mayi Feliz, de 18, la víctima se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas, por lo que le manifestó que dejara de tomar y se fuera a dormir.
Sin embargo, dijo que Hernández Pérez al intentar sacar agua de la cisterna, cayó dentro de ella, pero que fue después de unos minutos que se percató de la tragedia, cuando se dirigió hacia su habitación para ver si ya se había dormido. Al no verlo allí, corrió hacia el patio y lo encontró muerto en las condiciones anteriormente descritas, por lo que dio la voz de alarma a los vecinos y a las autoridades correspondientes.
En tanto que miembros de la Unidad Adjunta de Investigaciones Criminales en el municipio de Castillo, en San Francisco de Macorís, apresaron al agricultor Elpidio Jiménez García (a) Piyo, de 30 años, por la muerte del obrero Alberto Fajardo Acosta, de 35, a causa de herida cortante por arma blanca en el costado izquierdo y herida cortante en el abdomen, según certificó el médico legista actuante.
El detenido, que era buscado mediante la orden de arresto No.00069-2016, fue entregado de manera voluntaria por su padre Fernando Jiménez Luna, de 72 años, así como también del arma homicida, el cual es un cuchillo de aproximadamente 15 pulgadas de largo, con su baqueta.
Los detenidos fueron puestos a disposición de la justicia a través del Ministerio Público, mientras que los cadáveres fueron enviados al Instituto Nacional de Patología Forense para los fines legales correspondientes.
