Santo Domingo:- El experto y asesor en asuntos municipales Pedro Gago, considero que la disposición gubernamental de fijar en RD$10,000 mensual como sueldo mínimo en el tren oficial, positiva, pero también un error financiero y legal, porque en el caso de los ayuntamientos era difícil cumplirla, porque no se les incrementaron sus presupuestos.
Es por eso que el ministerio de Hacienda en cierto aspecto es injusto al querer forzar a los gobiernos locales el pago de la seguridad social de los empleados que no han recibido aumento de sus sueldos a ese nivel”.
Al ser entrevistado en el programa “Así Vamos, con Héctor Guzmán”, que se difunde cada domingo a las 10:00 AM por TRA Teleradio América, Gago dijo que, el problema que le plantea el pago de las cotizaciones que exige la Seguridad social puede convertirse en un inconveniente mayúsculo, ya que si las paga, tendrá que disminuir los servicios que requiere la comunidad.
“Lo peor de todo es que el empleado municipal para recibir los servicios de salud y el pago de su pensión, dependen de que el organismo para el que trabaja esté al día con el saldo de cuotas de la Seguridad Social”, observó.
En ese sentido sugirió al Ministerio de Trabajo, evitar esa barbaridad, “porque todo servidor público tiene derecho a disfrutar del Sistema de Seguridad dominicano, pague o no paguen los ayuntamientos”.
Sugiere Alianza gobiernos Nacional y Municipales
Por otra parte, Pedro Gago, consideró que uno de los graves problemas que tiene el país es que el gobierno central entiende que los ayuntamientos no son partes esenciales para enfrentar los males que afectan la población.
“Se trata de un problema de centralización que ejercen los presidentes, quedando los cabildos como la cenicienta del cuento, por lo que estos organismos siguen siendo vistos como responsables sólo de recoger la basura”, planteó.
Gago dijo que después de 2004, el gobierno expresa que sus recursos les son insuficientes para aumentar la cuota de los mandos locales.
Dijo que la intervención de las administraciones nacionales en los asuntos municipales “perjudican y descuadran los planes de acciones de los ayuntamientos”, porque muchas veces se realiza sin consultar a las autoridades locales.
Otro mal que señala es el clientelismo político que se verifica en la casi totalidad de las alcaldías y direcciones municipales, al querer los ejecutivos complacer a sus seguidores con un puesto en el organismo.
“Lo entiendo que eso ocurra, porque es la oportunidad más próxima que tiene una persona para conseguir un puesto en la administración pública, luego de colaborar en la campaña para que el alcalde alcanzara esa posición”, expresó.
Explicó que ese problema se pone de manifiesto cuando en los ayuntamientos tienen que cumplir con los requerimientos de la seguridad social de sus empleados y los fondos son insuficientes, por carecer de una real estructura de su empleomanía.
Agregó que también quedó al descubierto la existencia de una desestructuración, cuando en el 2008 entró en vigencia la Ley de Función Pública, cuando ahora se pretende de manera forzada el ingreso de estos servidores, se agudiza el problema.
A su juicio, el problema no es que los cabildos no paguen las cuotas de la seguridad social de sus servidores, sin que primero se haga una revisión radical, trabajo que entiende lo tendrá que realizar el Poder Ejecutivo, en coordinación y participación de los ayuntamientos.
Observe que, si en todos los cabildos no son iguales, se debe establecer una norma general, “pero hoy por hoy, sin hacer previamente ese trabajo, es imposible, porque los míseros sueldos que reciben los empleados ya que en su mayoría carecen de la capacidad requerida”.
Dijo que en algunos casos se observa que un funcionario desempeña un puesto clave, ganando un salario de miseria, lo que desestimula a una buena gestión.
Puso de ejemplo el caso del ayuntamiento de La Vega, durante la gestión del alcalde Fausto Ruiz, quien se preocupó porque sus principales funcionarios se capacitarán, realizando maestrías en sus respectivas áreas, “pero cuando él cesó en sus funciones, esos técnicos se fueron al sector privado”.
La ley municipal
Respecto a la nueva ley municipal encargada por el presidente Luis Abinader a la Liga Municipal Dominicana (LMD) y a la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), Gago le observó varios aspectos deficitarios, principalmente en lo referente a la metodología para su elaboración la cual consideró no es la más indicada.
Entiende que es fundamental el diagnóstico y luego llegar a puntos o criterios de consenso entre los partidos y los actores municipales para que sirvan de referencia a los técnicos que deberán elaborar el proyecto de ley.
Indicó que, al analizarla, se dio cuenta de que entraba en conflictos con los ministerios de Hacienda y Medio Ambiente, entre otros, por lo que tendrá que negociar su aplicación antes de que el Congreso la estudie y conozca definitivamente
