El Gobierno anunció que mañana fijará posición oficial sobre la condena que fue objeto el Estado dominicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación de derechos en deportaciones entre 1999 y 2000.
Así lo informó el portavoz de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, dijo que esa sentencia merece un estudio ponderado porque involucra a los poderes judicial y Legislativo.
El referido fallo señala que el Estado dominicano debe «regular un procedimiento de inscripción de nacimiento accesible y sencillo independiente de la ascendencia de la personas o situación migratoria de sus padres».
Para el Centro Bonó el cumplimiento de la misma no es una opción, sino una obligación.
Mientras, varios abogados entienden que el fallo atenta contra la soberanía nacional.
En la cámara Baja la sentencia de la Corte Interamericana ha encontrado diversas posiciones.
