Santo Domingo:- El Ministerio Publico dio a conocer hoy parte del expediente acusatorio que deposito ayer en contra de los 5 imputados vinculados en la Operación Coral. Allí la PEPCA narra el modus operandi del entramado militar-policial, societario y religioso que formaron los apresados para ocultar su patrimonio producto de actividades ilícitas.
8 años al frente del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, fueron suficientes para que el hoy mayor general Adams Cáceres Silvestre quien inicio devengando un sueldo de 35 mil pesos, ostente una fortuna millonaria con la adquisición de propiedades de lujo y vehículos de alta gama.
En el documento que ya ha circulado en todas redes sociales y debatido por conocedores y también ignorantes en el tema, la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa establece que Adams Cáceres manejo 3 mil millones de pesos los cuales malversó y para ello conto con la ayuda de un selecto grupo que también se benefició del dinero del Estado.
Producto de la investigació, el Ministerio Público determinó, que el imputado Adán Benoni Cáceres Silvestre, el Coronel de la Policía Nacional Rafael Núñez De Aza, exdirector financiero del CUSEP y del CESTUR, la asimilada de la Policía Nacional Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora, el mayor del Ejército Dominicano Raúl Alejandro Girón Jiménez, y los miembros de Policía Nacional Tarmer Antonio Flete Guzmán y Erick Pereyra Núñez, incrementaron su patrimonio injustificadamente, haciendo uso de los fondos públicos y mediante maniobras de lavado de activos, tales como el testaferrato, la constitución de varias empresas para el ocultamiento de bienes muebles e inmuebles, entre otras modalidades.
Los imputados Cáceres Silvestre y Núñez De Aza, formaron un entramado societario, constituyendo las empresas Randa Universo (2012), CSNA Universo Empresarial (2013), Único Real State e Inversión y la Asociación Campesina Madre Tierra (2015), esta última con la fachada de Organización sin Fines de Lucro, las cuales recibían cientos de millones de pesos, a través de depósitos en efectivo, hechos por militares subalternos de los coimputados y luego lo invertían en compras de propiedades inmuebles y vehículos de motor.
Las operaciones del grupo consistían en nombrar a cientos de militares que cobrarían entre 20 y 70 mil pesos a cambio de una mínima compensación y mientras que el resto del dinero se repartía entre ellos. Las autoridades también señalaron que en ese proceso se solían desviar sumas millonarias provenientes de los viáticos, compra de combustibles y raciones alimenticias.
El cerebro operativo y financiero para esto era el coronel Núñez de Aza quien figura como accionista de la mayoría de las empresas que luego eran utilizadas para desviar los fondos con la compra de inmuebles.
Al grupo se le imputan los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego
