En la XXVIII Cumbre Iberoamericana, que tendrá como sede a Santo Domingo, el próximo 24 y 25 de marzo, las 22 naciones representadas por sus jefes de Estado y de Gobierno, asumirán compromisos sobre los derechos digitales y sus contenidos, la seguridad alimentaria y la protección del medioambiente.
Sobre las normativas que formarán parte de la Declaración Final y los documentos de trabajo sometidos a discusión para aprobación, abundaron en la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) expertos que participaron en el panel “XXVIII Cumbre Iberoamericana en Santo Domingo: Momento de transformaciones y nueva geopolítica”, este jueves 16 de marzo.
Funglode organizó el encuentro junto a la Fundación Alternativas, de España, representada por Vicente Palacio, director de Política Exterior de la institución.
Marco Herrera, director ejecutivo de Funglode, saludó a los expositores y asistentes, y resaltó el nuevo aporte que hace la institución, como centro de pensamiento que impulsa reflexiones puntuales sobre la realidad de Iberoamérica y el mundo.
Puedes leer también: Ministras y Ministros de Industria y Comercio de Iberoamérica se reunirán en República Dominicana previo a la XXVIII Cumbre Iberoamericana
Junto a Herrera, organizaron la actividad, desde Funglode, Stephanie Rodríguez, analista e investigadora de temas internacionales de la Unidad de Análisis y Proyectos Especiales (UNAPE) de Funglode, quien introdujo el encuentro, y Triana Aybar, investigadora de dicha unidad quien moderó las intervenciones de los panelistas.
En dos sesiones y varias exposiciones especiales, se analizaron los enfoques de la cumbre, desde diferentes perspectivas. El encuentro reunió de manera virtual y presencial destacados analistas tanto de América Latina y el Caribe, como de Europa.
Carlos Abella Martín, embajador de España ante la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno” inició las exposiciones mediante un vídeo donde hizo mención sobre los resultados entregables durante la Cumbre, destacando, principalmente la Carta Iberoamericana de principios de derechos digitales, que parte de la problemática que genera el ejercicio de los derechos digitales y sus contenidos, y así identificar y establecer unos estándares para los países iberoamericanos.
