La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos investigará la muerte del opositor venezolano Fernando Albán en el ámbito del informe que realiza el Consejo de Derechos Humanos sobre los abusos cometidos en ese país.
Así lo confirmó este martes en rueda de prensa Ravina Sahmadasani, portavoz de la Oficina, quien explicó que la muerte en custodia del concejal Albán será uno de los asuntos que incluirá la investigación sobre las violaciones de los derechos humanos que realizará la entidad.
«El Consejo de Derechos Humanos encargó a nuestra Oficina elaborar un informe sobre Venezuela, por lo que miraremos esto e investigaremos todos los aspectos de la situación de los derechos humanos en Venezuela».
En la última sesión del Consejo de Derechos Humanos, que concluyó a finales de septiembre, se adoptó una resolución que pide a la Oficina investigar los eventuales abusos y violaciones de las libertades individuales que se cometan en el país sudamericano y presentar públicamente dichas pesquisas.
La portavoz explicó que han pedido a Venezuela acceso al país y que aún están esperando una respuesta «pero que las líneas de comunicación están siempre abiertas».
«El acceso al país nos permitirá hacer una investigación más profunda y mirar a todos los lados», subrayó.
La Fiscalía venezolana informó la víspera que Albán, detenido por el atentado contra el presidente Nicolás Maduro, se suicidó en la sede del Servicio de Inteligencia (Sebin) y de que abrió una investigación por el hecho, pero su partido, Primero Justicia (PJ), denunció un asesinato.
«Hay mucha especulación sobre lo qué pasó, si se suicidó, si lo lanzaron, si fue maltratado, hay mucha especulación y es por ello que necesitamos una investigación independiente y transparente para aclarar las circunstancias de su muerte», afirmó Shamadasani.
Dicho esto, la portavoz subrayó que «Albán estaba bajo la custodia del Estado y por lo tanto el Estado tenía la responsabilidad de velar por su seguridad, integridad personal y dignidad».
Agregó, además, que en la Oficina del Alto Comisionado están «preocupados no solo por su muerte, sino por el hecho de que no había sido presentado ante un juez en las primeras 48 horas tal y como establece la ley venezolana».
La Iglesia católica y organizaciones de derechos humanos se suman a los reclamos
Organizaciones de derechos humanos y autoridades de la Iglesia católica de Venezuela exigieron al gobierno una investigación objetiva e imparcial sobre la muerte de un concejal opositor detenido, un caso que desató una intensa polémica y reavivó las tensiones en un país sumido en una profunda crisis.
Cantando el himno nacional, decenas de opositores despidieron el lunes por la noche los restos del concejal de Caracas Fernando Albán cuando era sacado en una camioneta blanca de la morgue, tras las evaluaciones forenses, para ser llevado a un cementerio del este de Caracas.
El abogado Joel García, defensor de Albán, dijo que “nadie estuvo presente en la autopsia” del opositor, y que se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen el certificado de defunción con la información sobre la causa de la muerte. García indicó que luego de las exequias y que se tengan las actas del expediente se solicitará nuevas diligencias de investigación de caso.
Primero Justicia, uno de los principales partidos opositores del país, rechazó el proceso seguido en el caso e indicó en su cuenta de Twitter que el cuerpo del opositor fue entregado «sin procedimientos mínimos forenses». «No podrán esconder lo ocurrido», dijo la formación, que responsabilizó al gobierno del presidente Nicolás Maduro.
El fiscal general, Tarek William Saab, dijo a la televisora estatal que la muerte de Albán se produjo cuando estaba en una sala de espera del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), ubicada en un décimo piso, antes de ser trasladado a los tribunales y solicitó ir al baño, desde donde se lanzó al vacío.
«La muerte del concejal Fernando Albán es un crimen de Estado. Es la consecuencia directa del ascenso del terrorismo de Estado», indicó el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos(Provea), una de las principales organizaciones humanitarias del país. El colectivo exigió a las autoridades la apertura de una investigación a todos los funcionarios involucrados en la detención y custodia del opositor.
En un comunicado publicado en su página de internet, Provea pidió que se permita el ingreso de la Cruz Roja Internacional a las cárceles donde hay más de un centenar de detenidos por razones políticas, y se autorice la entrada al país de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y de las relatorías y grupos de trabajo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la ONU para constatar la situación de los derechos humanos en Venezuela.
A estos cuestionamientos se sumó la arquidiócesis de Caracas, que expresó el lunes en un escrito que la información dada por el fiscal general «nos deja perplejos y llenos de dudas razonables ante la tesis de un supuesto suicidio, no corroborado por una investigación profunda y objetiva».
La autoridad capitalina de la Iglesia católica solicitó que se determine la verdad sobre lo ocurrido y las responsabilidades, y recordó que Albán estaba bajo la custodia del Estado que es «responsable de garantizar la vida e integridad personal de los detenidos».
EFE
