Lima (AP) — Un juez de Perú anunció que el viernes decidirá si prohíbe salir del país al director local de la española Repsol, Jaime Fernández-Cuesta, y tres gerentes, investigados por el presunto delito de contaminación ambiental luego de un derrame de miles de barriles de petróleo en el Pacífico.
La decisión judicial del jueves ocurría mientras en Madrid decenas de activistas por la ecología peruanos y españoles con decenas de banderas de Perú y carteles con frases como “Repsol ecocida”, protestaron frente a la sede central de la empresa energética.
En Lima, la fiscal Tamara Gonzáles dijo que la solicitud de impedimento de salida garantizará que los imputados puedan tomar “una actuación activa y constante” en la investigación. Añadió que los cuatro imputados han salido “gran cantidad de veces” al exterior en los últimos años.
Los abogados de los imputados le dijeron al juez Romualdo Aguedo que no se opondrán al pedido de la fiscalía, pero consideraron que no encuentran a la solicitud “ni necesaria, ni proporcional”.
La audiencia fue virtual por las restricciones que en Perú rigen a causa de la pandemia por el nuevo coronavirus luego que el país declaró el inicio de una tercera ola de contagios a inicios de enero.
El juzgado limeño que analiza la decisión es la corte de Puente Piedra-Ventanilla, cerca del derrame de 6.000 barriles de petróleo ocurrido el 15 de enero en el Pacífico frente a la refinería de Repsol.
Los trabajos de más de 2.000 peruanos —contratados por Repsol y sus subsidiarias— continuaban para limpiar la costa y el mar peruano, uno de los más biodiversos del mundo. Al momento las autoridades afirman que 713 hectáreas de mar y 180 hectáreas de tierra han sido contaminadas.
Los funcionarios del servicio de fauna silvestre y de las áreas protegidas, que trabajaban cerca del fango negro, anunciaron que en promedio recogen una decena de aves muertas por día. También que han observado 170 aves bañadas en petróleo en los islotes cercanos a las playas.
Perú declaró en emergencia ambiental al país luego de recomendar no asistir a 21 playas en el Pacífico por estar contaminadas tras el derrame, un suceso que el gobierno califica del peor desastre ambiental en su capital en los últimos tiempos.
