CARACAS (AP) — La oposición venezolana se topó con un nuevo obstáculo el miércoles al ser detenido el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, por la policía política para poder enjuiciarlo tras el fallido alzamiento militar que su presidente Juan Guaidó encabezó el 30 de abril.
La situación se anticipaba desde la semana pasada, cuando el máximo tribunal informó sobre la apertura de un proceso contra Zambrano por los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones e instigación pública a la desobediencia.
Al momento de la detención, Zambrano estaba dentro de su camioneta frente a las oficinas de su partido, en una barriada del norte de Caracas, cuando fue rodeado por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
Poco después escribió en su cuenta de Twitter: “Fuimos sorprendidos por el SEBIN, al negarnos salir de nuestro vehículo, utilizaron una grúa para trasladarnos de manera forzosa directamente al Helicoide (la sede del SEBIN). Los demócratas nos mantenemos en pie de lucha”.
Zambrano, de 63 años, es uno de varios opositores a los que el gobierno de Nicolás Maduro les retiró su inmunidad la víspera para responsabilizarlos por el intento de derrocarlo.
Dos horas antes de su detención, Zambrano dijo en conversación telefónica con la AP que no pensaba ocultarse porque “no he cometido ningún delito”.
“Intentan desintegrar el poder que representa a todos los venezolanos, pero no lo van a lograr”, afirmó Guaidó el miércoles en la noche al rechazar la detención de su colega, que consideró un secuestro.
En su cuenta de Twitter, el líder opositor de 35 años de edad dijo que a Zambrano se lo llevaron “violando todos los procesos y exhibiendo el autoritarismo al cual obedecen”.
Las acciones de Maduro contra sus rivales han sido percibidas como un intento para frenar nuevas sublevaciones, así como atenuar la crisis política y militar que quedó al descubierto tras el alzamiento que parecía haber alcanzado a los altos mandos del gobierno, reconocieron analistas consultados por la AP.
Diosdado Cabello, uno de los aliados más cercanos del presidente, se mostró complacido por la detención de Zambrano, a quien acusó de ser “uno de los jefes principales del golpe”.
“Ellos creen que no va a haber justicia. Aquí va a haber justicia”, agregó en su programa semanal de radio y televisión.
Los cancilleres de Colombia y Chile condenaron la acción contra el vicepresidente del Congreso el miércoles por la noche. En Twitter, el colombiano Carlos Holmes Trujillo instó a la comunidad internacional a que exija con urgencia la liberación del dirigente opositor venezolano.
Por su parte, el canciller venezolano Jorge Arreaza rechazó los pronunciamientos internacionales, al afirmar en su cuenta de la red social que en Venezuela “hay una constitución e instituciones democráticas: quienes atenten contra ellas deben responder ante la justicia”.
Horas antes el miércoles, Maduro ordenó la expulsión y degradación del general de división Manuel Cristopher Figuera, exjefe del SEBIN, al igual que las de cinco tenientes coroneles, cuatro mayores, cuatro capitanes, seis primeros tenientes y tenientes, y 36 sargentos.
La salida de Figuera de la dirección del SEBIN fue anunciada el 30 de abril tras el fracasado alzamiento militar. Maduro dijo que el general en jefe Gustavo González López regresaba a la dirección de ese cuerpo.
Figuera había asumido la jefatura del SEBIN en octubre luego de la remoción de González López tras el escándalo por la muerte de un concejal opositor, que según las autoridades se suicidó en una sede capitalina de la policía política poco después de su detención. La oposición rechazó esa versión y responsabilizó a González López de la muerte.
Estados Unidos levantó la víspera las sanciones contra Figuera, acción que fue asumida desde Venezuela como un intento para animar a otros funcionarios aliados a Maduro para rebelarse contra el gobernante. El mismo mandatario lo catalogó el miércoles como una falta de respeto al “honor” y la “dignidad” de la Fuerza Armada venezolana.
Zambrano y Figuera no eran los únicos en la mira del gobierno. El martes el máximo tribunal indicó en un comunicado que los diputados Henry Ramos Allup, Luis Florido, José Simón Calzadilla, Américo De Grazia, Richard Blanco y Mariela Magallanes _quien está actualmente en la residencia del embajador italiano en Caracas_ serán procesados por los mismos señalamientos que Zambrano.
Por incurrir en la “comisión flagrante de delitos comunes” no se procederá a realizar el antejuicio de mérito a los diputados, un proceso establecido en la constitución para retirar la inmunidad parlamentaria, agregó el tribunal.
El dirigente del partido opositor Acción Democrática, diputado Carlos Prosperi, salió el miércoles en defensa de sus colegas y acusó al Tribunal Supremo de seguir “violando” la constitución y las leyes.
“No nos vamos a doblegar ante las adversidades”, dijo Prosperi a la AP, al descartar que las acciones del gobierno vayan a atemorizar a los opositores.
Algunos de los dirigentes procesados habían aparecido junto a Guaidó durante el fallido alzamiento militar a las afueras de una base aérea de Caracas.
Los últimos contra quienes se inició un proceso judicial por los mismos delitos fueron los diputados opositores Freddy Superlano, Sergio Vergara y Juan Andrés Mejía.
Tras la agudización de las tensiones políticas por las acciones contra los opositores, Guaidó, desafió el miércoles al gobierno, al afirmar que “vamos a continuar” durante una visita a su estado natal de Vargas. El político, al que más de 50 países han reconocido como presidente encargado de Venezuela, afirmó que como Maduro ya “no tiene mando ni respeto” su única respuesta es la “persecución”.
