En una nueva muestra de la degradación de la situación social en España, la Comunidad de Valencia anunció ayer que despedirá al 40% de sus empleados en el sector público, el equivalente a unas 3.000 personas . Esta medida excepcional, que entrará en vigor el mes que viene, acompaña la decisión de suprimir 46 empresas públicas para ahorrar 300 millones de euros sobre un total de 76 compañías.
La decisión valenciana –la segunda región española con más deudas a pagar– se conoció el mismo día en que las dos centrales sindicales del país, Comisiones Obreras y UGT, llamaron en forma conjunta a una huelga nacional para el 14 de noviembre contra la política de ajustes implementada por el gobierno conservador de Mariano Rajoy, y que está provocando una agudización a niveles inéditos de la pobreza y la marginalidad.
