Una ley puede conjurar el dislate del Tribunal Constitucional que crearía un inmenso apartheid y expondría el país a la condena internacional, con consecuencias económicas, políticas y sociales.
Por Juan Bolívar Díaz
El camino más expedito para conjurar la el genocidio civil avalado por el Tribunal Constitucional (TC) antes que el país sufra nuevas condenas internacionales es una ley que reivindique la Constitución vigente, y reconozca la nacionalidad dominicana a todos los que la recibieron antes del 26 de enero del 2010.
Por de pronto la sentencia 168-13 del TC ya perdió la opinión pública nacional e internacional con un contundente rechazo al “tránsito de décadas” y al efecto retroactivo que viola un precepto fundamental de carácter universal, sobre todo en materia de un derecho básico como el de la nacionalidad.
244 mil serían afectados
La sentencia que desconoce a los dominicanos de ascendencia haitiana contiene en sí misma elementos que la condenan al zafacón de la historia, como el dislate de declarar en transito a decenas de miles de descendientes de inmigrantes de hasta 84 años y ordenar un rastreo desde 1929, lo que incluirá a los miles asesinados por la guardia trujillista en 1937, cosa que esta semana recordó BBC Mundo en un extenso reporte, y de disponer el despojo retroactivo de su nacionalidad, en violación de la Constitución de la República en su artículo 110, sino también de un principio básico del derecho internacional. El reglamento de Migración 279 de 1939 limitaba el tránsito a 10 días.
Asumiendo el antihaitianismo de grupos ultranacionalista, a 11 de los 13 jueces del TC se les fue la mano en otros aspectos, por los cuales su dictamen ha tenido el rechazo casi absoluto de los expertos en derecho constitucional e internacional y de las ciencias sociales. Se cogieron para sí una instancia que reconocían facultad de otro tribunal, juzgaron sin escucharla a la señora Juliana Deguis Pierre que lo que les pedía era amparo y extendieron la condena a 244 mil personas que integrarían un apartheid.
La misma sentencia exagera las víctimas de la limpieza racial que dispone, cuando en su numeral 1.13 interpreta los resultados de la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes publicada en abril por la Oficina Nacional de Estadística, que estima en 458 mil los nacidos en Haití y en 244 mil 151 sus descendientes nacidos en República Dominicana. Sin el menor rigor, igualan las dos categorías, para elevar su total a 668 mil 145, y sostener que la recurrente señora Daguis es sólo una del total “por lo que el problema que ahora nos ocupa no sólo le atañe a ella, sino también a otra cantidad de inmigrantes haitianos y sus descendientes los cuales constituyen el 6.87 por ciento de la población que habita el territorio nacional”. Según el censo, los nacidos aquí son el 2.04 por ciento de la población nacional, y sólo esos pueden equipararse a Juliana Daguis, porque como ella reclaman la nacionalidad.
Condenas internacionales
Las reacciones externas ante la sentencia son un avance de las condenas que esperan al país por el genocidio civil. Los comisionados de la Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y para los Refugiados desaprobaron firmemente el dictamen del TC y advirtieron que crearía un apartheid y tendrá otras consecuencias. En la misma dirección se expresaron dirigentes de Amnistía Internacional y del Centro por la Justicia y el derecho Internacional (CEJIL) radicado en Washington.
Conociendo las condenas que esperan al país fue que la representación de Naciones Unidas, del ACNUR y de la Unión Europea apelaron a la intervención del presidente Danilo Medina en reuniones efectuadas días antes de publicarse el dictamen del TC, cuya esencia ya conocían.
Precisamente el martes y miércoles próximos la Corte Interamericana de Derechos Humanos se aboca a conocer en México el caso de la “detención y deportación arbitraria” hacia Haití de seis familias, incluyendo a dominicanos que ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acogió. Dirigentes del CEJIL y de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Columbia, que llevan el caso junto a organizaciones sociales dominicanas, adelantaron que en las acusaciones también incluirán el dictamen del TC. Nadie duda que la CIDH, más tarde o más temprano amparará a las víctimas del genocidio civil y dejará al país en ridículo, como hizo en el 2005 cuando dispuso inscribir como dominicanas dos niñas de ascendencia haitiana nacidas en el país. En esa sentencia proclamó que los hijos no heredan la ilegalidad de sus padres.
