Luego del operativo encabezado por el Ministerio Público de Santo Domingo, fue ordenado el cierre provisional del bar Ruta 47, en donde el pasado viernes, once mujeres que alegadamente eran explotadas sexualmente, fueron rescatadas, incluyendo una menor de edad.
Atendiendo a una petición de la Procuraduría Fiscal de Santo Domingo, el juez de Atención Permanente, Julio César De Los Santos, impuso un año de prisión preventiva como medida coercitiva contra los imputados Quilvio Ismael Alvarez Nuñez, a quien se le atribuye la propiedad del establecimiento, así como contra Valentina Caba Ramos (a) Chiqui y Juan Alberto Féliz Torres (a) Tito, este último tenía en su poder 2.57 gramos de un polvo blanco, que se presume es cocaína, en violación a la Ley 50-88.
La procuradora fiscal titular, Olga Diná Llaverías, aseguró que seguirán trabajando sin descanso hasta eliminar la explotación sexual, sobre todo, la de niños, niñas y adolescentes, así como el proxenetismo y la trata de personas en todas sus manifestaciones, en la provincia de Santo Domingo, entendiendo que detrás de estas organizaciones criminales, se ampara el uso irregular de armas de fuego, así como el microtráfico de drogas, uno de los flagelos que mayor delincuencia genera en las comunidades.
“Este es el resultado de un trabajo en equipo, tanto de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, que encabeza Jonathan Baró, como de los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y el Departamento de Trata de la Policía Nacional de la jurisdicción de Santo Domingo, quienes junto a todo el personal del Ministerio Público, tenemos el compromiso y la determinación de erradicar tanto el proxenetismo, la explotación sexual de adultos y menores de edad, tarea en la cual también contamos con el apoyo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), así como fortalecer y hacer más eficaz la persecución al microtráfico de sustancias controladas,”, aseguró Diná Llaverías.
La representante del Ministerio Público informó que las once mujeres rescatadas, eran contratadas como bailarinas a las cuales ofertaban a los habitúes para sostener relaciones sexuales, recibiendo las mismas un porcentaje de la tarifa pagada, en franca violación a la Ley 137-03, que tipifica el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas.
Las autoridades amplían las investigaciones para determinar mayores complicidades, así como vinculaciones a otros establecimientos que pudieran dedicarse a las mismas acciones criminales.
Los dos hombres imputados deberán cumplir la medida de coerción de prisión preventiva en la Penitenciaría Nacional de La Victoria y la dama en el CCR-Najayo Mujeres, de San Cristóbal.
