El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana presentó hoy el anteproyecto de ley que normaliza el ejercicio de los métodos alternos de resolución de conflictos e instituye los centros de mediación y conciliación en municipios y comunidades de la República Dominicana.
La propuesta legislativa, que conecta con el trabajo que ha venido haciendo las Casas Comunitarias de Justicia de esta entidad, parte de la necesidad de que el Estado intervenga con mecanismos flexibles que ayuden a gestionar la solución de los conflictos familiaresy comunitarios, que no siempre tienen una adecuada respuesta en eI sistema de justicia tradicional.
«La presente ley tiene por objeto fomentar la cultura de paz y de restauración de las relaciones interpersonales y sociales a través de la regulación y promoción del ejercicio de resoluciones alternativas de conflictos; hacer factible el acceso a las personas a los métodos descritos en la presente ley;establecer los principios, bases, requisitos, condiciones y procedimientos de resolución de conflictos; e instituir y otorgar un marco regulatorio a los centros de mediación y conciliación en municipios y comunidades», reza el anteproyecto.
Como órgano rector y veedor de la aplicación de esta ley, se propone la creación del Consejo Nacional de Mediación y Conciliación, entidad multisectorial adscrito al Poder Judicial que será presidido por eI Presidente de la Suprema Corte de Justicia y estará conformado, además, por el Procurador General de la República, el Ministro de Planificación, Economía y Desarrollo, un representante del Consejo del Poder Judicial, un representante de organizaciones comunitarias designado por el Poder Ejecutivo, el Director Ejecutivo de ProConsumidor, el Defensor del Pueblo y el Presidente de la Liga Municipal Dominicana.
Esta normativa también contempla la creación de Centros de Mediación y Conciliación y establece normativas y requisitos para el reconocimiento de los ya creados. De igual manera, plantea los derechos y deberes de las partes que están en el proceso de mediación y conciliación, incluyendo los abogados, y plantea los requisitos para ser mediadores o conciliadores.
En relación al financiamiento, crea un fondo que solventará las erogaciones que cause el funcionamiento del sistema de mediación y conciliación en el país. Se integrará con las sumas asignadas en las partidas del Presupuesto Anual del Estado, las donaciones, legados y toda otra disposición a título gratuito hecha en beneficio del fondo, y los aranceles administrativos que se establezcan reglamentariamente por los servicios que se presten en virtud de esta ley.
Cándido Mercedes, Coordinador General de Participación Ciudadana señalóque “este Anteproyecto coadyuva desde ya a una verdadera revolución social, dado que facilita la sana convivencia, la búsqueda de la armonía, la comprensión de la tolerancia y la asunción de la diferencia. Nos permite comprender que siempre es posible negociar, como el arte de convencer y persuadir. Su aprobación en el Congreso contribuirá a desterrar, a crear una cultura de ruptura con el viejo paradigma de ganar, de perder; para asumir el paradigma de Stephen Covey de Ganar – Ganar; de primero comprender y luego ser comprendido, de comunicarse, como la más exquisita de la dimensión humana”.
Al referido encuentro asistieron los Magistrados Samuel Arias, Arelis Ricourt, Claudio Medrano, así como los Ministerios Públicos Vianela García de la Vega, Regis Reyes Provincia Duarte. Estuvo presente el senador de La Vega, Ing. Euclides Sánchez y la diputada Guadalupe Valdez, autoridades del sector de justicia, entre otros.
Participación Ciudadana es un movimiento cívico no partidista de presión y concertación para la construcción de una sociedad democrática, transparente y libre de corrupción e impunidad.
Las Casas Comunitarias de Justicia constituyen un programa sustentado por Participación Ciudadana destinado a facilitar el acceso a la justicia de los sectores vulnerables. Es una herramienta de acercamiento de las instancias judiciales y municipales a las comunidades. En este modelo de servicio, la población dirime y soluciona sus controversias a través de los métodos alternativos de resolución de conflictos y la acción de la justicia formal sin salir de su entorno de convivencia.
