El estudio, Multas por infracciones de tránsito y legislación de seguridad vial en República Dominicana, publicado por el Observatorio Político Dominicano , una iniciativa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), advierte que la Ley núm. 63-17, sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, no aborda de manera eficiente la realidad social del país frente a este problema.
La investigación del OPD-FUNGLODE revela que, pese a que en la actualidad no se están aplicando las infracciones con los montos establecidos por la Ley núm. 63-17, es decir, de dos a siete salarios mínimos, de hacerlo se podría inducir a malas prácticas al generar mayores incentivos para los sobornos, entre otros factores negativos.
El estudio revela que de 2016 a 2017, el aumento fue de alrededor de 400 por ciento. No obstante, en 2019 con el aumento al salario mínimo del sector público, se duplican los montos cobrados con relación al 2017-2018, representando un aumento de 900 por ciento % con relación a los montos previos a la reforma.
Otro aspecto que aborda el estudio realizado por la Unidad de Poder Legislativo del OPD-FUNGLODE es que los fondos obtenidos por concepto de infracciones a la Ley núm. 63-17, que tan solo en 2018 ascendieron a más de 241 millones de pesos, no son reinvertidos totalmente en el sistema y dejan fuera de la distribución de estos fondos a las autoridades locales, planes y estrategias de salud pública, desarrollo de infraestructuras, entre otros ámbitos que se hacen necesarios para la solución real del problema.
