Santo Domingo.- El Sistema de las Naciones Unidas (ONU) manifestó que ve con gran preocupación las alegaciones sobre un intento de intoxicación contra defensores de los derechos humanos que lideran el movimiento de la sociedad civil por las tres causales, así como las denuncias realizadas a través de redes sociales sobre agresiones y uso excesivo o desproporcionado de la fuerza policial la madrugada del martes.
La ONU aplaudió que la Procuraduría General de la República inicie una investigación preliminar sobre la denuncia de los hechos ocurridos durante el fin de semana y a las autoridades competentes a realizar investigaciones oportunas, imparciales e independientes frente a estas alegaciones.
De ser confirmados estos hechos, podrían constituir un serio atentado, entre otros, a los derechos humanos a la vida y a la integridad física, a la libertad de opinión y expresión, y a la libertad de reunión pacífica y de asociación y revelarían la imperiosa necesidad para el Gobierno de adoptar medidas eficaces para evitar un entorno profundamente hostil, de descrédito y de desprotección de las personas defensoras de derechos humanos, activistas sociales y periodistas que apoyan la inclusión de las tres causales en la actual reforma al Código Penal.
En este sentido, destacó la importancia de respetar el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979, enfatizando que cualquier uso de la fuerza por parte de los agentes policiales sólo es procedente cuando es estrictamente necesario, en una medida equivalente al acto que se pretende disuadir, bajo las hipótesis que el ordenamiento jurídico establece y utilizando los procedimientos y medios reconocidos legalmente.
El Sistema de las Naciones Unidas exhorta a todos los actores de la sociedad dominicana a mantener una postura de diálogo inclusivo con todas las partes interesadas y a abstenerse de realizar cualquier acción que pueda poner en riesgo el Estado de Derecho, los principios de participación democrática, y vulnerar los derechos humanos en la República Dominicana.
Reiteró que en el contexto del Examen Periódico Universal (EPU), establecido por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se recomienda a la República Dominicana promulgar las medidas legislativas necesarias para despenalizar el aborto en sus tres causales. En 2019, el Estado aceptó estas recomendaciones y se comprometió a implementarlas.
La jurisprudencia de los mecanismos internacionales creados por tratados ratificados por la República Dominicana indica claramente que negar el acceso a la interrupción del embarazo a las mujeres, particularmente en las tres causales, viola los derechos a su salud, a su privacidad y, en ciertos casos, a ser libres de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Asimismo reitera la importancia de asegurar el acceso a estos servicios, de conformidad con los estándares de derechos humanos, como parte de las obligaciones del Estado para eliminar la discriminación en contra de las mujeres y garantizar el derecho de éstas a la salud, así como a su dignidad y otros derechos humanos fundamentales.
