Santo Domingo, RD.-El Ministerio Público informó este miércoles el apresamiento en España de Rafael Stefano Canó Sacco y detalló que en las próximas horas formalizará la solicitud de extradición para su procesamiento en República Dominicana por su implicación en el Caso Medusa, por el que guardan prisión el exprocurador Jean Alain Rodríguez y otros imputados.
La Oficina Central Nacional de la Interpol en el país informó a la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) que el exjefe de Gabinete de la Procuraduría General de la República fue detenido la tarde de este lunes 4 de octubre.
La Pepca indicó que, a través del Departamento de Extradición de la Procuraduría General de la República, agiliza las diligencias para traer al país a Canó Sacco.
A través de la Operación Medusa, la Pepca, junto a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, develó en junio pasado una red encabezada por el exprocurador Jean Alain Rodríguez, que malversó miles de millones de pesos de los contribuyentes.
El imputado Canó Sacco era objeto de una orden de detención emitida a través de la Interpol, debido a su evasión de la investigación judicial activada en su contra por el hecho de actuar junto a varias personas para defraudar al Estado dominicano, mediante distintas maniobras tendentes a la sustracción de fondos provenientes de la Procuraduría General de la República, en beneficio propio y de terceros vinculados, así como de incurrir en prácticas para encubrir sus acciones ilícitas.
El Ministerio Público ha calificado los hechos del imputado como corrupción, coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, desfalco y delitos de alta tecnología.
Estas acciones infringen los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal dominicano, y el artículo 3 de la Ley 712-02, Contra el Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves, así como os artículos 5, 6 y 10 de la Ley 53-02, Sobre Crímenes y delitos de alta tecnología.
