La Junta Central Electoral (JCE), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) sostuvieron una reunión en la que socializaron los últimos detalles para la implementación del voto penitenciario para el nivel presidencial con miras las elecciones de este domingo 19 de mayo.
Dicha iniciativa cumple lo establecido en la Ley 113-21 sobre Régimen Penitenciario, que establece el derecho al voto a quienes no estén condenados irrevocablemente a pena criminal.
La miembro titular de la JCE, Dolores Fernández Sánchez, sostuvo que la implementación del voto hay que verla como un reconocimiento a los derechos humanos y a la dignidad humana de los privados de libertad.
“El voto penitenciario constituye un avance para la democracia y quedará instaurado como una política pública”, destacó.
Agregó que el mismo contará con la asistencia del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, por medio de su Centro de Asesoría y Promoción Electoral .
Mario Núñez, director de Elecciones de la JCE, explicó que el objetivo del voto penitenciario es garantizar el derecho al sufragio y “sobre todo, dignificar la calidad del mismo en los recintos penitenciarios al no tratarse de una acción propagandista de la Junta”.