Diferentes organizaciones de la Sociedad Civil reclamaron la modificación de la Ley de Declaración Jurada de Bienes a fin de que establezca sanciones, ante la denuncia de que el Director de Ética e Integridad Gubernamental habría omitido algunas propiedades en su declaratoria.
El hecho de que Marino Vinicio Castillo no haya incluido todas sus propiedades en su declaración jurada de bienes constituye una grave violación a la Ley 82-79 a juicio de diferentes instituciones de la Sociedad Civil.
Julio César de La Rosa Tiburcio, Coordinador de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción, consideró que lo más lamentable, es que la actual legislación no establece sanciones para los funcionarios que incurren en irregularidades similares. Razón por la cual reclamó que la ley sea modificada.
De su lado, La directora de Participación Ciudadana, Rosalía Sosa, exigió al funcionario que rinda cuentas de su actuación.
Pero las irregularidades en las declaraciones juradas de bines no sólo son exclusivas del Director de Ética e Integridad Gubernamental, sino, de casi el 90 por ciento de los Funcionarios públicos según del presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, Trajano Vidal Potenttini.
Atribuyó a la negativa de los partidos político el hecho de que la modificación de la ley de Declaración jurada de Bienes haya perimido en el Congreso en varias ocasiones.
