Tres técnicos del departamento de informática, varios empleados al Servicio al Usuario de la Procuraduría y agentes de distintos organismos de seguridad, fueron interrogados por eliminar antecedentes penales a implicados al crimen organizado.
Por el hecho fue interrogado un fiscal de una provincia del Cibao, la semana pasada.
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Los empleados de esa dependencia recibían altas sumas de dinero por los delincuentes de estructura criminal para que le quitaran las fichas para protegerlos, y poder salir del país con facilidad, de acuerdo al organismo.
Como ocurrió con algunos de los implicados en la red de narcotráfico Halcón IV, incluyendo Joel Ambiorix Pimentel García (La J), cabecilla de esa estructura criminal, quien salió del país a Estados Unidos y luego a España, de donde amenazó a la procuradora Miriam Germán Brito, situación que provocó esa investigación.
