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Guillermo Moreno asignaría porcentaje de empleos públicos a personas con discapacidad

El candidato presidencial de Alianza País, Guillermo Moreno, manifestó hoy su intención de asignar un porcentaje fijo de los empleos de los ministerios del Gobierno a personas con discapacidad que cumplan con los requerimientos laborales establecidos.

Al afirmar el compromiso con los derechos de las Personas Discapacitadas, Moreno explicó que esta medida formaría parte de una gestión basada en la lucha contra toda forma de exclusión o discriminación que afecte a las personas discapacitadas o a cualquier otra minoría poblacional. De forma específica, dijo, trabajaría para que la asignación del 10% del Presupuesto Nacional a los ayuntamientos y juntas de distritos municipales esté condicionada por la definición de políticas públicas locales dirigidas a mejorar la vida de las personas discapacitadas y a facilitar su inclusión social.

“No es real una democracia donde hay discriminación y exclusión. Es contradictoria en los términos, porque la democracia es condición de persona, valoración, inclusión y es participación”, dijo Moreno en el evento coordinado por el Observatorio Electoral de Personas Discapacitadas.

De su propuesta de Gobierno el dirigente político también destacó la idea de un programa de capacitación permanente de las personas con discapacidad, con la intención de abrir oportunidades de empleo e integración a ese sector de la ciudadanía. Las oportunidades de capacitación sectorizadas, agregó, serían una discriminación, pero en el sentido positivo, encaminada a incluir a personas que pasan gran parte de sus vidas excluidas.

Además de Guillermo Moreno, firmaron el compromiso con las personas discapacitadas la diputada y candidata Valdez,  y los también candidatos de Alianza País por la circunscripción 1 del Distrito Nacional Frank Canelo y Paola Féliz.

En nombre del observatorio encabezó el acto Cristina Francisco, del Círculo de Mujeres con Discapacidad (CIMUDIS).

Moreno aprovechó el escenario para motivar a las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de la población discapacitada a organizarse y participar en la política, para que tengan mayor posibilidad de incidencia en la toma de decisiones. En ese sentido se señaló como positivo la participación política de las iglesias cristianas con candidatos propios, buscando representaciones ‎en el congreso y en los ayuntamientos.

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