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Gobierno dominicano y la empresa Barrick Pueblo Viejo anunciaron un acuerdo preliminar

 

El entendimiento alcanzado entre el Gobierno y la Barrick Gold engloba muchos elementos interesantes, que lo hacen histórico por sus implicaciones.

 Mas allá de los beneficios tangibles, reflejados en la obtención de mayores ingresos y condiciones ventajosas en la relación de socios, este acuerdo pone de relieve que en la defensa del interés nacional ningún país puede claudicar ni actuar de manera timorata.

Y que, sin alterar el marco del respeto a las garantías establecidas para las inversiones extranjeras ni violar la ley, el Estado puede reclamar que por la explotación de los recursos naturales, sean de superficie o subyacentes, el país reciba los beneficios razonables a los que es acreedor por tales riquezas naturales.

Es ésta, a todas luces, la motivación cardinal que permitió que el gobierno del presidente Danilo Medina, en ocho meses de negociaciones no exentas de algo de tensión, lograra persuadir a la firma Barrick Gold de la necesidad de revisar el acuerdo de explotación de la mina de oro de Pueblo Viejo, Cotuí, para que el Estado reciba más dinero de lo que inicialmente fue plasmado en el convenio.

Por lo pronto, en lugar de los 10 mil millones de dólares que recibiría durante toda la vida útil de la mina, ahora se estima en 11 mil 600 millones. Y en lugar de los 377.4 millones de dólares que entrarían en este cuatrienio, los ingresos serán de 2 mil 200 millones de dólares.

 En cuanto al pago del llamado Impuesto de Participación de las Utilidades Netas, que se produciría en el momento en que la Barrick recuperara su inversión prevista de 4 mil millones de dólares, es decir, aproximadamente en el año 2019, ese pago se hará este mismo año y equivaldrá a unos mil 283 millones de dólares.

 Del mismo modo, el Gobierno obtuvo otra ventaja importante, al comprometer a la Barrick a pagar los impuestos correspondientes a las exportaciones realizadas desde el pasado año hasta el presente.

Con este acuerdo quedó demostrado que el reclamo nacional tenía y tiene fundamento y razón, sólo que era preciso que se agotaran las vías de la negociación y del respeto a las normas y leyes que amparan estos tratos para que las partes, sin lesionarse mutuamente, sobrelleven su sociedad de la manera más provechosa para ambas.

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