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Fundecom responsabiliza al gobierno por desorden de las ARS

SANTO DOMINGO – La Fundación por los Derechos del Consumidor (FUNDECOM), responsabilizó al gobierno de Luis Abinader del conflicto existente en el sector salud que enfrenta a médicos, clínicas privadas y a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).  

En nota de prensa, bajo la firma de su director de prensa, el comunicador Alberto Quiñones, la entidad entiende que la Constitución de la República, pone en manos del gobierno el derecho a la salud de todos los habitantes del país, como un derecho fundamental que obliga al Estado asumir este mandato constitucional.

“El gobierno se ha lavado las manos y permitido que las ARS en su calidad de intermediarias del modelo que deberían pagar a los médicos y a las clínicas por los servicios de salud que prestan a la población, se conviertan en estafadoras del sistema de salud, en perjuicio del pueblo, ante la mirada indiferente del gobierno de Luis Abinader”, afirmó Quiñones.

Añade FUNDECOM que el PRM prometió resolver el problema de la seguridad social en la República Dominicana afiliando a aquellos que aún no están enrolados en el sistema, ampliando la cobertura de salud de los que ya están y regulando los excesos de las intermediarias conocidas como ARS; sin embargo, ha ocurrido lo contrario.

Para la entidad el gobierno está del lado de las intermediarias, las apoya y al hacerlo, ha dejado al pueblo en el desamparo, sin salud y sin órgano regulador ante el cual exponer quejas cuando los consumidores de estos servicios se ven humillados por las ARS y los centros de salud.

Para FUNDECOM, organización de consumidores cuyo consejo directivo preside el abogado David La Hoz, el país está frente a un chantaje de las ARS que buscan crear una crisis dentro de una crisis para impedir la reforma a las Ley 87-01 y los controles estatales que, en tanto regulador debe realizar el Estado.

Asimismo, ve al ministro de salud, como un aliado incondicional de las ARS, funcionario   que nada hace de lo que la Ley General  de Salud número 42-00 y de la seguridad social, les ordenan hacer.

“Es un incumbente que actúa como empresario al servicio de las ARS y que nada hace por conseguir cobertura para todos los ciudadanos”, destaca Quiñones.

La organización de defensa del consumidor entiende que si bien es cierto que la SILSARIL puede tomar medidas desde su consejo para frenar en los abusos que cometen las ARS contra médicos, clínicas y asegurados, no menos cierto es que, de conformidad con dicha ley, es al ministro de salud a quien corresponde la parte política del asunto.

Sostiene FUNDECOM que, el sector salud ha sido descuartizado para garantizar que la salud sea convertida en mercancía y que el dinero de los asegurados sea parte del patrimonio de la banca privada y del sector privado en general en desmedro de los asegurados, médicos y clínicas.

El vocero de FUNDECOM, señala que “otro tanto ocurre con los medicamentos, es ridícula la asignación anual de medicamentos que se asigna y el recetario sigue controlado por las ARS, cuando es una facultad exclusiva del galeno, queda entonces el viacrucis del paciente consumidor sin que el Estado le auxilie”, señaló.

La fundación afirma que la DIDA se ha convertido en un órgano inoperante conformado por personas que están aprendiendo las funciones de esa entidad, sin que se sepa, cuando realmente empezarán a proteger derechos como es su objeto, el cual, conllevada acompañamiento legal del afectado, cosa que tampoco se hace.

A juicio de FUNDECOM, “si el gobierno no estuviese aplicando políticas neoliberales, no habría problema, ni sería necesario reformar la ley. Es cuestión de distinguir entre negocio y derecho, entre el concepto de intermediarias y el concepto de dueños del dinero que administran terceros”.

FUNDECOM exhortó al gobierno a resolver el problema a la mayor brevedad, en caso contrario, están decididos   acudir   a los tribunales y a las calles para   exigir garantías sobre el derecho a la salud, a un amparo de cumplimiento y a demandas en daños y perjuicios contra las ARS y el Ministerio de Salud, que son los garantes del sistema de salud.

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