Santo Domingo.- El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, afirmó que con la implementación del sistema biométrico para la identificación de personas en los diferentes recintos penitenciarios y las fiscalías del país, la República Dominicana ha dado un paso trascendental en la lucha contra la criminalidad, que permitirá cerrar la brecha en cuanto a la multiplicidad de identidades de imputados y posibles infractores de las leyes.

“Es sumamente significativo este paso que da la República Dominicana para la identificación de las personas; hemos recibido mucho apoyo en este sentido por parte de la Junta Central Electoral. A partir de ahora la base de datos será acorde con la real identidad de las personas”, manifestó.

Al mismo tiempo, el Procurador General agregó “la implementación de este sistema de información e interconexión viene a fortalecer el sistema de justicia en materia de persecución e identificación de quienes infringen la ley”.

Dijo que ello implica que hasta los infractores de las leyes de tránsito puedan llegar a ese sistema, permitiendo así su identificación.

Adelantó que el paso a seguir sería implementar con la Dirección General de Migración los mismos controles, basados en este sistema biométrico, de forma tal que se puedan detectar ciudadanos nacionales y extranjeros que ingresen o salgan del país, y que pudieran tener asuntos pendientes con la Justicia, tanto en el país como a nivel internacional.

El convenio también garantiza el ejercicio de derechos fundamentales y políticos de los internos, que el estatuto jurídico le permita ejercer de cara a las elecciones presidenciales y congresuales del próximo 15 de mayo del 2016, para privados de libertad que no tengan condenas definitivas.

De su lado, el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, destacó la importancia de poder contribuir con la puesta en marcha del sistema. “Es muy significativo la implementación de este proyecto, pues la mayoría de los que delinquen decían que no estaban fichados o que no tenían identificación”, manifestó.

Destacó que de los casi 27 mil privados de libertad recluidos tanto en los centros de corrección y rehabilitación del Modelo Penitenciario como en las cárceles del sistema tradicional, en unos 12,000 se ha hecho el levantamiento de registro, el cual consta de nombres y apellidos, reconocimiento facial y dactilar, así como identificación del parentesco familiar.

Dijo que suplirán los equipos que sean necesarios para que la Procuraduría General pueda interconectarse de manera abierta y sin problemas.

El acuerdo

Al ofrecer la información del acuerdo, indicaron que la Junta Central Electoral proveerá, en calidad de cooperación, al menos 85 equipos de lectura de información biométrica de personas (escáneres de huellas digitales y cámaras, entre otros), los cuales serán distribuidos en los diferentes recintos penitenciarios, que serán dotados de 50 equipos y los demás serán distribuidos en las en las 35 procuradurías fiscales que funcionan en los diferentes departamentos judiciales del país.

Destacan que de igual manera, la JCE proveerá los mecanismos de consulta e identificación de personas, imputados y privados de libertad con la información biométrica contenida en su motor de base de datos, mientras que la Procuraduría General por su parte adquirirá las licencias del software de integración con la plataforma biométrica utilizada por el organismo electoral.

La PGR además dispondrá de las facilidades, personal y medios tecnológicos y logísticos necesarios para la lectura, registro y proceso de información biométrica, para la identificación e individualización de personas.

Para el acceso a la información, desarrollarán una interface de consulta para que la Procuraduría General pueda acceder al archivo maestro de cedulados, vía web, o a consultas web, a través de una aplicación creada para consultar en línea durante procesos de empadronamiento, así como para la identificación o actualización de identificación de personas, de manera que pueda tener acceso a cualquier registro de la base de datos, incluyendo información biométrica en modalidad de consulta.

El convenio fue firmado por un período de tres años en la sede de la Junta Central Electoral, con la participación de funcionarios de ambas instituciones.

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