La Cámara de diputados convirtió en Ley el proyecto de Declaración Jurada de Patrimonio, que establece penas de cuatro a diez años de prisión para los funcionarios públicos responsables de enriquecimiento ilícito.
Penaliza con prisión de uno a dos años y multas de entre 20 hasta 40 salarios mínimos a los funcionarios que falseen datos en su declaración jurada.
La iniciativa es de la autoría del senador por Monte Plata, Charlie Mariotty.