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Tribunal Constitucional de Guatemala anula condena de 80 años contra Ríos Mont

 

El general Efraín Ríos Montt apenas pasó tres días en la cárcel, y una semana en un hospital Militar, antes de que se anulara la histórica sentencia del 10 de mayo que lo condenó a 80 años de cárcel por crímenes contra la Humanidad. Por tres votos a dos, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala decidió dejar sin efecto la sentencia de la jueza Jassmín Barrios.
 
“Se anula la sentencia” anunció el tribunal al considerar que durante casi dos meses de juicio, en el que 98 indígenas detallaron las matanzas y violaciones a las que fueron sometidos, “no se cumplió el debido proceso”. No obstante el juicio debe reiniciarse donde quedó el 19 de abril. Ese día la Sala de Apelaciones dio el visto bueno al recurso presentado por Ríos Montt por la expulsión de uno de sus abogados. La defensa alegó que eso dejó en indefensión al general retirado.
 
El 10 de mayo Ríos Montt, de 86 años, fue condenado a 50 años de prisión por genocidio y 30 años por crímenes de lesa humanidad. La defensa del dictador había presentado al menos cuatro recursos en busca de la anulación de la sentencia y de la destitución de la jueza Yassmín Barrios, convertida en objetivo prioritario de caza de la defensa por haber emitido una sentencia a pesar de que el juicio estaba suspendido.
 
El Constitucional anula tanto la condena contra Ríos Montt como la absolución en favor del exjefe de Inteligencia, José Mauricio Rodríguez Sánchez.
 
En la histórica sentencia de hace diez días, Ríos Montt fue señalado como el responsable de la masacre de 1.771 indígenas mayas-ixiles en el departamento de Quiché (norte), durante su gobierno de facto entre 1982 y 1983.
 
El Tribunal Constitucional que tomó la decisión está conformado por cinco magistrados que representan en cuotas los distintos poderes fácticos de Guatemala, militares, empresarios, excombatientes… y desde que se conoció la sentencia ha estado sometido a las más fuertes presiones.
 
La Asociación de Veteranos militares de Guatemala (Avemilgua), amenazó con movilizar hasta 50.000 paramilitares de las temidas Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) y con paralizar el país a base de bloquear las principales vías de comunicación hasta lograr la liberación de su general.
 
Por su parte, la todopoderosa cúpula empresarial respondió a la condena con un comunicado en espacios comprados en la prensa, la radio y la televisión, donde rechaza, absolutamente, la existencia de un genocidio en Guatemala. El propio presidente Otto Pérez Molina dijo que el histórico fallo era una mala noticia que podría poner en riesgo las inversiones en el país, dada la división que provoca.
 
“Una bofetada para las víctimas” calificó el arzobispado de Guatemala la decisión del Constitucional. “Duro Golpe” señaló la Ong Amnistía Internacional. ”Un retroceso hacia el imperio de la impunidad, denunció la organización humanitaria ‘Hijos de Guatemala’. A partir de ahora fuentes de la fiscalía   consultadas por Clarín creen poco probable revertir el fallo del Constitucional y apuestan por la batalla política como siguiente paso para evidenciar el boicot de las instituciones para llevar a la cárcel a los culpables de la época más sangrienta de la guerra en Guatemala.
 
Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que investigó los crímenes durante de la guerra, 93% de los casos de violaciones de derechos humanos fue responsabilidad del Ejército.
 
El dictador recuperó ayer la libertad pero tendrá que seguir en el hospital Militar de Ciudad de Guatemala donde estaba recluido tras sufrir una crisis nerviosa. El gobierno de Ríos Montt (1981-1982) fue uno de los más cruentos de la guerra civil (1960-1996) en Guatemala, que dejó 200.000 muertos y miles de desaparecidos.
 

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