El presidente Nicolás Maduro no perdió ni un día para aplicar los superpoderes. Dos días después de que el Parlamento le aprobara la Ley Habilitante para gobernar por decreto, el mandatario venezolano lanzó ayer de sus primeras normas y amenazó con ser “implacable” en el combate a la corrupción.
El inicio de su política de combate a la “burguesía parasitaria” tuvo lugar en Maracaibo, en medio del fragor de la campaña electoral de las municipales del 8 de diciembre que arrancó durante esta semana. En un discurso, Maduro anticipó además que desde el próximo sábado y domingo comenzarán las inspecciones a tiendas de centros comerciales y se pondrá en marcha en todo el país un censo de pequeños y medianos comercios.
Venezuela, con 15 años de un proceso “revolucionario socialista”, ha visto acentuarse los controles sobre la economía en áreas como la compra y venta de divisas, en manos exclusivas del Estado desde 2003, así como expropiaciones y nacionalizaciones de empresas y tierras que ya no producen en las manos públicas, según gremios privados como Fedecámaras.
Ante una inflación de 54,3% acumulada en los últimos 12 meses y la escasez de decenas de artículos, Maduro comenzó a aplicar desde comienzos de mes inspecciones a comercios de venta de electrodomésticos y ferreterías, entre otros, para combatir lo que llama una “guerra económica” desatada por sus opositores. Decenas de negocios han sido forzados a reducir sus precios hasta un 70% y ante el despliegue de las autoridades en locales de todo el país muchas cadenas han optado por aplicar descuentos voluntarios.
El presidente, que pidió en octubre a la Asamblea Nacional que le otorgara poderes especiales para decretar a lo largo de 12 meses medidas con fuerza de ley, está facultado desde el miércoles para emitir esas normas, que –afirma– son la pieza fundamental para combatir la especulación y usura que atribuye a sus adversarios políticos.
Las polémicas leyes son dos: la llamada “Ley de Costos, Ganancias y Establecimiento de Precios” y la del “Registro Único de Pequeños y Medianos Comerciantes”. Por la primera, el gobierno fijará un límite de entre un 15 y 30% de ganancia para los empresarios. Y las empresas que no puedan ajustarse a las nuevas reglas de juego serán confiscadas y administradas por el Estado. Por la segunda, se lanzará el censo de los comercios más chicos en todo el país.
En Venezuela hay unas 471.922 empresas mercantiles registradas, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas de 2008. Sólo el 2% (10.373) recibieron dólares preferenciales del CADIVI (Comisión de Administración de Divisas), el ente que los distribuye. Pero la gran mayoría paga los platos rotos de la especulación de los reducidos grupos empresariales que recibieron el dólar oficial de 6,30 bolívares y se aprovechan de la enorme brecha con el paralelo, que cotiza a diez veces más.
Ayer, el gobierno acusó a la Casa Blanca de intromisión en los asuntos internos. Fue en rechazo a los comentarios del Departamento de Estado que, a través de un vocero, había cuestionado el miércoles la aprobación de la Ley Habilitante. “Esto evidencia cómo la oposición venezolana ejecuta, con impudicia, la agenda trazada por el Departamento de Estado norteamericano para desestabilizar a nuestra patria”, expuso el comunicado de la Cancillería emitido ayer, que recuerda que la norma fue aprobada por una mayoría calificada de la Asamblea Nacional.
Fuente: Clarín.