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Senado de Brasil aprueba una ley que iguala a corruptos con asesinos

Con el trasfondo de las conmocionantes marchas juveniles por las calles de Brasil, el Senado apuró el paso y le dio media sanción al proyecto que convierte la corrupción en “delito hediondo”, un término que implica que se equipara a los corruptos con quienes comenten homicidio calificado o estupro. La presidenta Dilma Rousseff había pedido, el lunes, celeridad al Congreso federal para la aprobación de esa norma, que tendrá como consecuencia penas extraordinariamente más pesadas que las contempladas hasta ahora por el Código Penal.
 
La legislación, que pasó a la Cámara de Diputados donde se espera que sea aprobada inmediatamente y sin revisión, aumenta el castigo a esta clase de delitos, que pasa a ser considerado como del universo de los de mayor gravedad. De este modo y cuando sea promulgada la polémica norma los cambios serán radicales: * Quedará imposibilitada la concesión de la libertad condicional al reo * No se admitirá el pago de fianza * Se vedará la concesión de amnistía por parte del Poder Ejecutivo * Quedará restringido, además, el acceso a los bienes personales por parte del reo.
 
El martes último el presidente del Senado Renán Calheiros, del Partido del Movimiento Democrático (PMDB) había declarado que ese cuerpo iría a tratar “una agenda positiva”, destinada a atender las reivindicaciones que surgían de las manifestaciones. El senador Alvaro Días, relator del proyecto, incluyó además dentro del delito hediondo a la malversación de fondos públicos.
 
Según los especialistas, se califica como “delitos hediondos” a aquellos considerados de alto potencial ofensivo a la sociedad y “de gravedad acentuada”. Dentro del proyecto que salió del Senado se incluye, también, el delito de extorsión; es decir, de recepción de dinero por el funcionario público a cambio de otorgar ventajas.
 
Esta iniciativa, que se votó 48 horas después de la demanda de la presidenta Rousseff, literalmente “dormía” cajoneada en el Congreso desde hace dos años.
 
El proyecto, elaborado por el senador Pedro Taques, del Partido Democrático Laborista (PDT) respondió al pedido hecho por la jefa de Estado durante el encuentro con gobernadores e intendentes en Brasilia.
 
Según el senador Taques “no es posible identificar a las víctimas fatales de la corrupción”. Pero, subrayó, “esta mata a las personas en las puertas de los hospitales, en las rutas mal hechas”.
 
El legislador admitió también que “el Senado trabaja más rápido en función de las protestas. Tengo conciencia que no es un proyecto que va a resolver todos los males de Brasil, pero es un instrumento en el combate a la corrupción muy importante”. Dicho de otro modo, ante la severidad del castigo que tendrá un mínimo de cuatro años y un máximo de 14 de prisión, sin derecho a la fianza ni a la reducción de la pena, representa un alerta.
 
La oposición, liderada por Aloysio Nunes Ferreira del PSDB, dio su aval al duro proyecto, aunque sin dejar de aprovechar el estrado para criticar a la presidenta Rousseff. Ayer, con la misma velocidad de acción que la demostrada por el Congreso, la Corte Suprema dictó la prisión inmediata del diputado federal Natan Donadon, un derechista condenado en 2010 a 13 años de prisión en régimen cerrado por el delito de asociación ilegal y malversación de fondos públicos. El legislador, sin embargo, anoche seguía en libertad y en plena función de su mandato, por cuenta de una alegación de inmunidad parlamentaria, en vigencia en Brasil. Según uno de los ministros de la Corte, Teori Zavascki, no habría incompatibilidad entre la actividad parlamentaria y la prisión.
 
El Senado, además, suspendió el receso legislativo y tratará a marcha forzada otros 17 proyectos.
 
Clarín.

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