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Pedirán hasta 23 años de cárcel para el yerno del rey de España

Hace unos meses, el jefe de la Casa Real definió como “un calvario” el proceso contra Iñaki Urdangarín, esposo de la Infanta Cristina de Borbón y Grecia y padre de cuatro de los nietos de los Reyes de España. Ese agobio se profundizará en los próximos días para una monarquía que pasa por sus horas más bajas.

El Fiscal Anticorrupción imputará a Urdangarín por seis graves delitos que se castigan con penas de hasta 23 años de cárcel y 3,5 millones de euros de multa. Los seis delitos son: prevaricación, malversación, falsedad en documentos públicos y privados, fraude y dos contra la Hacienda Pública.

La denuncia estará contenida en un escrito que el acusador público presentará solicitando la apertura del juicio oral contra el Duque de Palma ante el juez José Castro, que lleva la causa en un juzgado de Palma de Mallorca. La información es una primicia del diario El Mundo que la publicó ayer con gran despliegue en su primera plana.

Para Diego Torres, cómplice de Urdangarín en la organización de la trama corrupta que se apropió de millones de euros en dineros públicos aprovechando la cercanía del Duque con la Casa Real y la gran influencia pública de la Infanta Cristina, el fiscal reclama 19 años.

Sostiene la Fiscalía Anticorrupción que en las adjudicaciones efectuadas a dedo por los dos socios “bajo la pantalla del Instituto Nóos, primó la discrecionalidad más absoluta. Tanto en los contratos con la Generalitat (gobierno) Valenciana, presidida por Francisco Camps como con el Ayuntamiento de Valencia cuya alcaldesa era Rita Barberá, ambos conspicuos dirigentes del Partido Popular”.

Ambos le otorgaron jugosos contratos al Duque, que incluso cobró algunos que jamás se realizaron. También menciona a los contratos que Urdangarín y su socio firmaron por grandes sumas de dinero público con el Govern de las Islas Baleares, cuyo presidente, Jaume Matas del PP y ex ministro de José María Aznar, enfrenta ahora varias condenas de cárcel por grandes delitos de corrupción y otros procesos similares en marcha.

“ La retahíla de irregularidades es interminable: los precios los fijaban el yerno del Rey y su socio, no hubo transparencia, tampoco competencia, menos aún fiscalización del gasto y en algunos casos todo era fruto de pactos verbales”, dice El Mundo, citando al fiscal Pedro Horrach.

El fiscal también cuestiona el uso del convenio como figura legal de la que se sirvieron los dos socios, con la complicidad de Matas, Camps y Barberá para evitar someterse a un concurso público. “El hecho de que se optase por este atajo legal no basta para hacer desaparecer la ilicitud del gastos y la obligación consiguiente de reintegrarlo en su totalidad”, dice la Fiscalía Anticorrupción. Y agrega: “Los contratos deben tener una causa, lícita por supuesto, y ésta ha de acreditarse”.

Aclara que mediante estos manejos ilícitos el Duque y su socio se metieron en sus bolsillos dineros públicos por 2,6 millones de euros de Baleares, otros 3,5 millones de euros del gobierno de Valencia, y 144.000 euros del Ayuntamiento de Madrid. El fiscal aclara que los acusados deben devolver esos montos y los castiga con una multa de 3,5 millones de euros.

Fuente: Clarín.

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