Infobae:-César Augusto Peniche, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, aseguró que hasta el momento se han recuperado 1,260 millones de pesos en el operativo activo Justicia para Chihuahua, el cual se encarga de investigar los presuntos desvíos cometidos por el ex gobernador del PRI César Duarte.
Durante la presentación de su informe de actividades 2016-2021, Peniche Espejel refirió que la recuperación de los recursos presuntamente desviados durante la administración anterior se obtuvo por procesos de seguimiento fiscal, administrativo y penal.
El funcionario público explicó que la implementación del operativo contra Duarte Jáquez marcó un antes y un después en la lucha contra la corrupción y la impunidad en México, pues la integración de un equipo interdisciplinario para detectar, investigar y perseguir las presuntas actividades delictivas del gobierno anterior ha dado resultados tangibles para el erario de Chihuahua.
Durante la ponencia, el fiscal estatal abundó sobre el método establecido en la administración anterior y de cómo se orquestaron los esquemas de apoderamiento, desvío y disposición de recursos del erario público bajo un modelo delictivo encabezado por el ex militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Para poder materializar el aseguramiento de los recursos señalados, las autoridades locales realizaron 140 auditorías fiscales, con lo que se tuvo como resultado la recuperación de 307,129,000 pesos.
Las pesquisas iniciaron a finales del 2016 y desde el primer año comenzaron a rendir frutos. En 2017 se recuperaron 3,392,414 pesos. En 2018 el monto incrementó a 79,531,212 pesos. Aunado a esto, se aseguraron 16 lotes urbanos y residenciales, valuados en más de 101 millones de pesos al momento de la adquisición, pero con la plusvalía actual, se estiman con un valor de 257 millones de pesos.
También resaltó las acciones penales ejercidas a los presuntos involucrados, donde especificó que se procedió contra 41 ex funcionarios y empresarios. También abundó sobre las 104 ocasiones en las que se inició la vinculación a proceso contra posibles beneficiarios de la llamada “Nómina Secreta”, en donde existen cargos por enriquecimiento ilícito, peculado, desvío de recursos y corrupción.