El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva imponiendo por primera vez sanciones financieras sobre el gobierno de Nicolás Maduro.
Estas medidas prohíben las negociaciones sobre nuevas emisiones de deuda y de bonos por parte del gobierno de Venezuela y de la petrolera estatal Pdvsa.
También impiden la negociación de ciertos bonos que estén en manos del sector público venezolano, así como el pago de dividendos al gobierno de Venezuela.
«La dictadura de Maduro sigue privando al pueblo de Venezuela de alimentos y medicinas, encarcelando a los miembros de la oposición que fueron elegidos democráticamente y reprimiendo en forma violenta la libertad de expresión», dijo la Casa Blanca a través de un comunicado.
«La decisión del régimen de crear una Asamblea Constituyente ilegítima —y, más recientemente, de que ese órgano usurpe los poderes de la Asamblea Nacional que fue elegida en forma democrática— representa un quiebre fundamental del orden constitucional legítimo en Venezuela», agrega el texto.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, explicó que uno de los objetivos de las sanciones es restringir el acceso de Venezuela al mercado de deuda estadounidense.
El gobierno de Maduro manifestó su rechazo a las medidas anunciadas por el Ejecutivo estadounidense.
«No son sanciones contra individuos, son contra la economía y contra el pueblo venezolano. Tomaremos las medidas que estén a nuestro alcance para evitar que estas sanciones afecten a los venezolanos», dijo el canciller Jorge Arreaza tras reunirse en Nueva York con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres.
Excepciones
La Casa Blanca afirma que para evitar causar daño a los ciudadanos venezolanos y estadounidenses, el Departamento del Tesoro podrá emitir autorizaciones para permitir algunas transacciones que de otro modo estarían prohibidas por la orden ejecutiva.
Estas autorizaciones especiales incluyen disposiciones que permiten un periodo de 30 días para cerrar operaciones en marcha, el financiamiento de la mayor parte de las operaciones comerciales, incluyendo la importación y exportación de petróleo.
También se permitirán las transacciones que solo involucren a Citgo (la empresa petrolera perteneciente al gobierno de Venezuela que cuenta con refinerías y estaciones de gasolina en Estados Unidos); la negociación de algunas deudas concretas de Venezuela; y el financiamiento de bienes requeridos en el país sudamericano con fines humanitarios.
«Estas medidas están cuidadosamente calibradas para privar a la dictadura de Maduro de una fuente fundamental de financiamiento para mantener su gobierno ilegítimo, proteger al sistema financiero de Estados Unidos para evitar ser cómplice de la corrupción en Venezuela y del empobrecimiento de su población; y permitir la asistencia con fines humanitarios», señala la Casa Blanca.
«Saqueo desenfrenado»
En su declaración, el gobierno de Trump asegura que con el fin de mantenerse en el poder, el gobierno de Maduro premia y enriquece a funcionarios corruptos del aparato de seguridad, cargando a las futuras generaciones de venezolanos con unas enormes y costosas deudas.
«La mala administración de Maduro y el saqueo desenfrenado de los bienes de su nación ha llevado a Venezuela más cerca del impago. Sus funcionarios ahora están recurriendo a esquemas opacos de financiamiento y liquidando los activos del país a precios de liquidación», señala la Casa Blanca en el texto.
Esfuerzo regional
Las sanciones financieras en contra de Venezuela se producen apenas dos días después de una reunión del vicepresidente estadounidense, Mike Pence, con miembros de la comunidad de exiliados venezolanos en Miami.
Esa reunión estuvo precedida por una gira que realizó Pence a mediados de agosto por Colombia, Argentina, Chile y Panamá, en la cual la crisis política venezolana fue un tema central.
«Como ha dicho el vicepresidente Mike Pence, en Venezuela estamos viendo la tragedia de una tiranía que se desarrolla ante nuestros ojos. Ningún pueblo libre ha escogido jamás recorrer el camino desde la prosperidad hacia la pobreza. Ningún pueblo libre nunca ha elegido convertir la que fue, y aún debería serlo, una de las naciones más ricas de América del Sur en una de sus más pobres y corruptas», señala en su comunicado el gobierno de Trump.
Afirma no estar solo en su condena al gobierno de Maduro y destaca la Declaración de Lima, aprobada el 8 de agosto por más de una decena de países de la región que anunciaron su negativa a reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente y las decisiones que esta adopte.
«Las nuevas sanciones financieras apoyan esta postura regional de aislar económicamente a la dictadura de Maduro», afirma la Casa Blanca.
El gobierno de Venezuela rechaza estas acusaciones y las atribuye a la existencia de planes de intervención extranjera en el país.
Las medidas anunciadas este viernes son las primeras adoptadas por el gobierno de Estados Unidos que afectan las finanzas del gobierno de Maduro, pero han estado precedidas por otras que apuntan individualmente a miembros de su gabinete y de otras instituciones del Estado venezolano.
El Departamento del Tesoro aplicó sanciones al propio presidente Maduro el pasado 31 de julio, cuando lo catalogaron por primera vez de «dictador» tras la elección de la Asamblea Nacional Constituyente.
Una semana antes, el gobierno de Trump había anunciado una ronda de sanciones contra 13 altos funcionarios venezolanos por su papel en la organización de la elección a la Asamblea Constituyente, la represión de las protestas y el manejo de áreas clave de la economía.
Previamente también había sido sancionado el vicepresidente ejecutivo, Tareck El Aissami, a quien acusan de vínculos con el narcotráfico, y a ocho magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, señalados de usurpar las funciones de la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada desde enero de 2016 por una mayoría opositora.
BBC Mundo