El juicio por piratería en Internet más esperado de España empezó y, en seguida, se tomó una pausa. En la sala penal número cuatro de Murcia se juzga desde esta mañana a la web Seriesyonkis, sus cuatro dueños sucesivos y sus presuntos delitos contra la propiedad intelectual. Los cuatro acusados se enfrentan a una pena de dos a cuatro años de cárcel. El posible perjuicio económico supera los 550 millones de euros. Pero, antes todavía, los letrados ya se enzarzaron en las cuestiones previas. En concreto, sobre la colocación de los acusados en la sala. La defensa se llevó el primer tanto: tendrá a sus clientes sentados a su lado en lugar de a varios metros de distancia, como este lunes. “Este juicio no puede convertirse en un guirigay entre los acusados y sus abogados”, avisó la juez Isabel María Carrillo. Y poco después hubo de soltarle a uno de los letrados defensores: “Haga el favor de callarse”.
También cupieron peticiones de prescripción, de trasladar el juicio a Madrid y de invalidar a una de las acusaciones particulares: la Federación Antipiratería, que presentó la denuncia en su momento junto con Egeda (entidad de gestión de los derechos de autor de los productores audiovisuales), que ya no existe. Todo esto, tan solo en la primera media hora.
«Para mí era un hobby, yo solo era el programador. En esas webs nunca se han subido ni se podían subir películas. Es verdad que sí se permitía a los usuarios compartir enlaces: a qué apuntaran dependía de ellos», ha defendido esta mañana Alberto García Sola, el informático de Lorca que en 2007, a los 22 años, fundó Seriesyonkis y Peliculasyonkis. «Tenía toda la industria en mi contra», ha declarado García Sola en la sala.
La Fiscalía sostiene que “desde terminales informáticos en la Universidad de Murcia y en su propio domicilio” el joven dio vida a la que se convirtió en la principal web a la que acudían millones de internautas en busca de acceso gratuito a películas y series, sin autorización de sus creadores. Los otros acusados son Alexis Hoepfner, David Martínez y Jordi Tamargo, que compraron las webs a través de Burn Media SL por 610.000 euros en 2010 y “continuaron su actividad ilícita”, según la Fiscalía. Un año después, Hoepfner se quedó solo al frente de la empresa. Martínez y Tamargo se descolgaron en busca de otro negocio tecnológico. Hoepfner ha declarado en el juicio que «la web funcionaba sola».
Está previsto que el juicio dure toda la semana: aparecerán testigos y peritos –“muchos por videoconferencia”, aclaró la juez– para aclarar tanto el presunto perjuicio económico como el funcionamiento de la web.
Solo enlaces
Seriesyonkis y Peliculasyonkis nunca alojaron las obras protegidas: eran páginas de enlaces. Es decir, proporcionaban miles de links para acompañar a los usuarios hasta otras webs, donde sí podrían ver de forma ilícita su serie o filme favorito. Lo cierto es que no guardaban el tesoro pirata: entregaban el mapa para encontrarlo.
El matiz será una de las claves principales del juicio. En el fondo, ya durante años, al menos hasta la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual en 2015, las páginas de enlaces fueron objeto de discordias teóricas y judiciales. Sus dueños –y sus abogados defensores– siempre insistieron en que son meros intermediarios, que no realizan ningún acto de comunicación pública y no pueden ser responsabilizados de lo que los usuarios hagan o compartan. Varias sentencias de absolución en aquellos años fortalecieron su argumento.
El escrito que la Fiscalía de Murcia presentó en 2014 ante el juzgado de instrucción número uno no puede estar más en desacuerdo: “Sola, actuando con ánimo de lucro y a sabiendas de lo ilícito de su actividad […] a través de las páginas webs de las que fue administrador […] ha venido poniendo a disposición de los usuarios de Internet el acceso a material audiovisual protegido por derechos de propiedad intelectual”. Las acusaciones subrayan que los anuncios publicitarios en estas webs, así como la oferta de cuentas premium, de pago, a los usuarios, demuestran que sus dueños buscaban enriquecerse a costa de la industria cultural. Y recuerdan que hay fallos, como el célebre caso Svenssonante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que sí responsabilizan a las páginas de enlaces.
La decisión, ahora, corresponde a la juez, encargada también de cerrar una historia que parece otro filme: un thriller que mezcla dinero, policías, política e intriga; una superproducción tan costumbrista como internacional, que empezó a rodarse en Murcia pero llegó a las pantallas de medio mundo e incluso a los oídos del FBI. En 2007, Sola, un chico de Lorca de 22 años, creó en la ciudad donde vivía y estudiaba la web Seriesyonquis, junto con Peliculasyonkis. La fiscalía sostiene que el joven operaba “desde terminales informáticos en la Universidad de Murcia y en su propio domicilio”. Sin embargo, su criatura aprendió a caminar rápidamente y se lanzó a explorar el planeta: en pocos años, se convirtió en la principal referencia en español para los internautas que buscaran acceso gratuito a miles de series y películas. Sus números, directamente, corrían: hasta cuatro millones de usuarios mensuales entre ambas webs, la presencia en el Top 20 de las páginas más visitadas de España, cada vez más anuncios publicitarios, un catálogo inmenso y siempre actualizado.
Tanto que, a menudo, las películas estaban disponibles casi a la vez que llegaban a los cines. En una época en la que la oferta legal online apenas comenzaba a despegar, Seriesyonkis y Peliculasyonkis ofrecían el sueño de cualquier usuario: todo y ya. Además, gratis. Maná para internautas cada vez más sedientos de contenidos; veneno, en cambio, para la carrera comercial de filmes y series. De ahí que productores y distribuidores empezaran a ver estas webs como el enemigo público número uno. Cuando La antena, de Esteban Sapir, apareció en Peliculasyonkis el 14 de mayo de 2008, apenas cinco días después de su estreno en cines, su distribuidora, Sherlock Films, dijo basta. El 22 de mayo interpuso una denuncia. La caza a los piratas estaba abierta.