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Dilma quiere más castigo para corruptos y una reforma política

Un acto con los gobernadores e intendentes de los 27 Estados brasileños fue el marco, imponente a su manera, que usó ayer Dilma Rousseff para transmitir públicamente a la sociedad sus propuestas económicas y políticas, frente a las demandas de las grandes movilizaciones de la semana pasada. La presidenta brasileña defendió realizar un plebiscito que abra las puertas de una reforma constitucional para cambiar el sistema político y hacerlo socialmente más permeables. También prometió un combate más estricto a la corrupción, con un aumento de las penas para castigar esos delitos.
 
Ante los gobernadores y alcaldes, que asustados por la dimensión de las protestas acudieron en masa al convite, Dilma dijo que irá a convocar un plebiscito popular para habilitar una constituyente destinada a la reforma política. “Brasil está maduro para avanzar y dejó en claro que no quiere permanecer parado donde está”, alertó. En esa gigante cita, la primera en sus dos años y medio de gestión, recordó que la reforma constitucional que pretende debe “ampliar la participación popular y los horizontes ciudadanos”. Recordó que el asunto había entrado varias veces como uno de los temas importantes para el país. En verdad, fue una cuestión que en su momento reivindicaron sus dos antecesores, los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso y Luiz Inacio Lula da Silva. Pero nunca prosperó.
 
En cuanto a la corrupción, consideró que es una prioridad el combate al flagelo “para lo que debe crearse una nueva legislación que califique ese acto doloso como equivalente a crimen hediondo (comparado a un asesinato o la tortura), con castigos mucho más severos ”. Dio su palabra de que impulsará en todas las esferas administrativas de los tres poderes, la implantación plena del acceso a la información, con ley ya sancionada.
 
A los gobernantes les llevó otros tres pactos. El de movilidad urbana donde, dijo, el Estado federal dispone de 25.000 millones de dólares para la mejoría del transporte colectivo del país. “Pero eso requiere la participación social en la discusión. Estoy para eso creando un Consejo Nacional de Transporte Público, donde debe participar la sociedad civil y los usuarios”. Consideró que una medida importante será que los municipios creen consejos parecidos.
 
En salud, otro de los grandes acuerdos que promueve, Dilma insistió en la necesidad de contratar médicos extranjeros para actuar en las ciudades donde faltan profesionales brasileños, además de invertir en hospitales. “Voy a acelerar las inversiones ya contratadas en los hospitales y unidades de emergencia”, reveló. Y agregó que enviará rápidamente médicos al interior del país y a la periferia de las grandes ciudades, donde suelen faltar profesionales. Esta es una medida resistida por los colegios médicos de Brasil; por eso, ella advirtió: “Es una medida para la emergencia y no se trata de una medida hostil o de falta de respeto” a los profesionales brasileños. Dejó claro que está dispuesta a avanzar al decir que “la salud del ciudadano debe prevalecer sobre cualquier otro interés”.
 
Mostró que en Brasil, apenas 1,79% de los profesionales de la medicina son extranjeros, mientras que en Inglaterra llegan a 37% y en Australia a 25%. En educación pidió apoyo a los mandatarios provinciales para que la acompañen en su proyecto de invertir 50% de las regalías petroleras en este sector.
 
Dilma alertó por último que “no voy a transigir con el orden. Seré dura con los agitadores que alteran el carácter pacífico de las manifestaciones”.

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