EFE:- El Senado mexicano aprobó hoy de forma unánime un “histórico” dictamen que reforma una serie de legislaciones y regulaciones en México para formalizar la igualdad salarial y romper en un aspecto más, el laboral, la discriminación entre hombres y mujeres.
Con el voto de 113 legisladores a favor, cero en contra y cero abstenciones, se aprobó el proyecto de decreto que reforma 13 leyes en materia de igualdad salarial a fin de garantizar que las mujeres no sean discriminadas y tengan igualdad de condiciones que los hombres en el trabajo.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, dijo que el dictamen tiene una relevancia fundamental, toda vez que promueve medidas para erradicar, del sistema jurídico mexicano, la discriminación salarial contra las mujeres.
“Con esta propuesta normativa queremos que el gobierno, las instituciones y el Congreso aseguren que hombres y mujeres tengan una base legal para ejercer el derecho a la igualdad de remuneración ante los empleadores y ante las autoridades competentes”, completó.
La propuesta, que se remitió a la Cámara de Diputados, establece que la violencia económica es aquella que provoca o perpetúa la brecha de género, o la percepción de un salario menor por trabajo igual o de igual valor inobservando el principio de proporcionalidad, dentro de un mismo centro laboral.
Establece que será objetivo de la Política Nacional el diseño, implementación, ejecución y evaluación de medidas para fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres.
Para eliminar la brecha de género, las instituciones públicas, privadas y sociales deberán tramitar un Certificado de Igualdad Laboral de Género y No Discriminación para acreditar que cuentan con prácticas de igualdad de género y no discriminación que favorezcan el desarrollo integral de sus personas trabajadoras.
Asimismo, los salarios se fijarán con base en criterios objetivos, en términos de lo establecido en la Constitución y los tratados o convenios internacionales en la materia, considerando los conocimientos profesionales, la destreza y las aptitudes para las relaciones interpersonales.
