Profesionales del sector construcción criticaron que el Poder Judicial esté usurpando funciones del Congreso Nacional con la emisión de reglamentos que retrasan el proceso de registro de títulos de propiedad, en perjuicio de inversionistas, de los ingresos del Estado y del desarrollo inmobiliario.
El arquitecto Luis Romano y el agrimensor Miguel Valoy expresaron que nueva vez hay problemas con los registros de títulos, ya que el Poder Judicial pretende modificar todos los reglamentos que agilizan la obtención de un certificado de título de propiedad.
Explicó que los cambios que quiere establecer el Poder Judicial buscan judicializar los deslindes de tierra, además que hacen este sea juez y parte pues es quien emite los títulos y también a quien se hace la queja.
Valoy advirtió que esto llevaría a una distorsión del sector en momentos de pandemia, cuando se busca dinamizar la economía.
Dijo que la Suprema Corte de Justicia, a través del Consejo de Poder Judicial, está sometiendo una modificación a la Ley 188-05, de Registro Inmobiliario y sus reglamentos para hacer más judiciales los procesos catastrales, es decir provocar que estos sean más lentos ralentizando así a la economía.
Expresó que esta ley sí debe ser modificada, pero para quitarle la administración de la Jurisdicción de Tierra al Poder Judicial.
Destacó que hace unos años se logró una reducción en los procesos de mensuras catastrales, de tres años a un promedio de seis meses, traduciéndose en una mayor agilización para la obtención de un certificado de título de propiedad.
Valoy explicó que el Poder Judicial alega que la ley 188-05 le da la posteta de hacer reglamentos, pero entiende que el Congreso Nacional debe reclamar su espacio porque otro órgano del Estado no puede estar legislando, porque todas las normas afectan derechos, en especial la de tierra.
Además, que el Poder Judicial también quiere emitir exequátur a los profesionales de la construcción.
En otro orden, Valoy candidato a la presidencia del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), destacó que se deben crear los mecanismos para que se desarrollen emprendimientos en el sector y que los profesionales de la construcción participen en licitaciones planteando sus ideas de la infraestructura de solución vial.
Romano destacó, además, que la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas debe ser modificado y que la misma incluya penalidades a las personas que violenten la ley y en los casos de que se detecten actos no transparentes en las licitaciones.
Valoy resaltó que su candidatura a la presidencia del Codia se fundamenta en defender el ejercicio profesional; en que el Codia cumpla su rol como asesor del Estado y en que se creen los núcleos profesionales.
Agregó que la entidad está llamada a velar por la transparencia y la modernización de los procesos en beneficio de la sociedad.
Expresó que su meta en el Codia será lograr niveles elevados de transparencia de la gestión y acceso al público de las informaciones y crear un acercamiento con las entidades productivas en las aéreas de las ingenierías tanto en el sector público como privado.
Asimismo, lograr que los núcleos sean capaces de definir sus problemáticas, expresarlas y ser agentes directos en las soluciones y propuestas para el desarrollo de sus diferentes disciplina
