La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este lunes la apelación del gobierno de Argentina en el caso de los llamados holdouts o «fondos buitre».
La nación sudamericana tendrá que pagar unos US$1.330 a acreedores que tenían bonos de la deuda argentina y no entraron en los canjes de 2005 y 2010.
La presidenta Cristina Fernández había dicho que una decisión adversa en los tribunales estadounidenses podría forzar a Argentina a caer nuevamente en cesación de pagos.
Argentina ha intentado reinsertarse en los mercados internacionales desde 2001, cuando en medio de profunda crisis política, económica y social declaro en mayor defaultde la historia.
Las consecuencias
Como muchos analistas lo habían adelantado, la decisión de la Corte estadounidense fue contraria a los deseos del gobierno de Cristina Fernández.
El problema que surge ahora es que a pesar de que Argentina tiene los fondos para pagar estos US$1.330 millones, hacerlo podría abrir una puerta de posibles demandas que en el futuro el país sudamericano no podría pagar. Esto llevaría a la Argentina a elegir un camino complicado: desobedecer.
«Esa sería casi la única opción porque ningún país se jugaría su futuro económico acatando fallos como estos», dijo a BBC Mundo el economista Abraham Gak, alineado con el gobierno.
Otra consecuencia de seguir el fallo ordenado por la justicia de EE.UU. es que obligaría al país a no continuar con el pago acordado con el otro 93% de sus acreedores sin antes haber cancelado los llamados «fondos buitre».
Según un informe elaborado por el estudio jurídico argentino Cabanellas Etchebarne Kelly, pagarle al total de los holdouts (el resto de los acreedores) le costaría al país unos US$20.000 millones, equivalente a más de dos tercios de las reservas del Banco Central de la República Argentina.
La incorporación a los mercados
En días pasados, el gobierno argentino había logrado renegociar el pago de gran parte de su deuda.
Uno de los hechos más significativos fue el acuerdo logrado con el llamado «Club de París», al que se le deben US$6.400 millones.
Además había adoptado otras medidas para incoporarse de nuevo en los mercados internacionales, de los que había sido apartado por las políticas de asilamiento económico que había aplicado en los últimos años.
Una de esas medidas había sido la publicación del índice real de inflación, que durante años había sido críticado por varias entidades globales como el Fondo Monetario Internacional que afirmaba que los números que entregaba el gobierno argentino no estaban acordes con las cifras que tenían la mayoría de los analistas financieros.
