Miembros de la Sociedad Civil rechazan a los magistrados que conocerán la apelación de la medida de coerción de los imputados del caso Odebrecht. Aseguran que los imputados podrían ser favorecidos con variación de la medida ya que los jueces tienen simpatía con el Partido de la Liberación Dominicana.
Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia considera que hay un procedimiento que se debe agotar. Explica que si hay personas o entidades que tienen sospecha de que los jueces están parcializados lo ideal sería que fueran recusados.
Carlos Pimentel de Participación Ciudadana, considera que la población no tiene confianza en los magistrados. Entiende que están descalificados para conocer un caso de tanta envergadura.
Mientras, el presidente de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción, Julio Cesar De La Rosa, entiende que a raíz del cuestionamiento de la sociedad estos magistrados deben de inhibirse del proceso.
Igual opina María Teresa Cabrera, militante del movimiento Marcha Verde quien considera que la Suprema Corte de Justicia debe escuchar el reclamo de la sociedad y en su lugar asignar jueces de carrera.
La Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia está conformada por los magistrados Miriam Concepción Germán Brito, Esther Elisa Agelán Casasnovas, Juan Hirohito Reyes Cruz, Fran Euclides Soto Sánchez y Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, estos dos últimos fueron funcionarios del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana.