Miembros de la Sociedad Civil atribuyen a presiones de funcionarios y otros sectores de poder el que el presidente Danilo Medina no haya depositado ante el Congreso el proyecto de Ley Especial de Naturalización con el que se espera poner fin al limbo jurídico en el que han quedado los afectados con la sentencia del Tribunal Constitucional.
El 23 de septiembre del pasado año el Tribunal Constitucional destapó una caja de Pandora al emitir la sentencia 168-13 que contempla el despojo de nacionalidad de miles de personas nacidas en territorio dominicano, hijos de extranjeros no regulados.
Desde entonces el presidente Medina se ha visto como la arepa, candela arriba, candela abajo.
Por un lado se ha mostrado muy firme, como cuando prometió someter la pieza al congreso el pasado 27 de febrero y por otro lado vacilante al dejar pasar más de dos meses sin cumplir dicha promesa.
Argumentan que la jornada de consultas con diversos sectores que agotó al mandatario solo sirvió para radicalizar posiciones.
Las repercusiones no se han hecho esperar: una comunidad internacional indignada, un diálogo binacional con Haití, cuya tercera ronda ha sido frustrada, primero bajo la excusa de que vendría al país el vicepresidente de Estados Unidos Joe Biden, cosa que no sucedió. Por segunda ocasión el inconveniente con el cambio de funcionarios haitianos, la tercera se interrumpió a solicitud del canciller de Venezuela Elías Jaua, que finalmente tampoco asistió y la más reciente se atribuyó a asuntos de logísticas.
Mientras el hacha va y viene los que no están dispuestos a dar su brazo a torcer son los dominicanos de ascendencia haitiana afectados con la falta de una ley que reconozca sus derechos.
