(CNN Español) – El presidente de la Cámara de de Diptados de Brasil, Eduardo Cunha, decidió abrir un juicio político a la presidenta de Brasil Dilma Rousseff, reporta la agencia estatal Agencia Brazil.
El segundo periodo de Rousseff ha estado marcado por varias acusaciones de corrupción contra políticos de su partido.
En el centro de la controversia están las cuentas públicas de 2014 que los investigadores creen se manipularon y maquillaron para esconder deudas millonarias.
En octubre, los ministros del Tribunal de Cuentas de la Unión en Brasil votaron por unanimidad el rechazo a las cuentas presentadas por la presidenta Dilma Rousseff del año 2014.
El tribunal concluyó que Rousseff incurrió en una falta grave de mala praxis administrativa en el desempeño de su carga.
La investigación indica que el gobierno maquilló las cifras fiscales y manipuló las partidas presupuestarias federales para ocultar la realidad económica de Brasil en 2014.
La comisión parlamentaria que investiga el caso de corrupción en Petrobras, la petrolera estatal, exculpó tanto a Rousseff como a su antecesor Luiz Ignacio Lula da Silva, así como a los expresidentes de la compañía y a una larga lista de diputados.
La decisión generó indignación en las calles de Brasil. Pero el proceso jurídico sigue su curso, sin importar la medida parlamentaria, que se enmarca en el ámbito político.
Se calculan pérdidas estimadas de 2.000 millones de dólares en Petrobras durante el esquema de corrupción. Los fiscales han acusado a exejecutivos por «desviar» de manera ilegal miles de millones de sus cuentas para su uso personal, o para pagarles a funcionarios.
Más de 80 personas, entre ellas políticos de alto nivel, han sido acusadas de soborno y lavado de dinero durante la investigación penal, denominada «Operación Lava Jato (lavado de autos)».
Además, la economía brasileña entró en recesión. Su moneda se está desplomando, el desempleo está aumentando, su mercado de valores se ha reducido un 20% comparado con hace un año y la presidenta Rousseff tiene un índice de aprobación del 8%, el más bajo desde 1992, cuando el presidente de Brasil fue destituido.
