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El episcopado reivindica las reformas electorales

 

En su mensaje de esta semana la Conferencia del Episcopado dominicano reivindicó la necesidad de reformas electorales para afianzar la democracia, aunque se teme que esté llegando tarde 

Por Juan Bolívar Díaz

El mensaje de los obispos católicos con motivo de la festividad de la independencia nacional rescata la necesidad de aprobar los proyectos de leyes de partidos y de reformas electorales depositados en el Congreso y que habían quedado huérfanos de apoyo legislativo y político-social.

Aunque se da por hecho que se celebrará la elección presidencial de mayo próximo sin que se hayan aprobado las dos piezas legislativas, la Junta Central Electoral tiene facultad constitucional para establecer mediante reglamentación los planteamientos que propugnan por la equidad democrática y la transparencia.

Planteamientos contundentes

En ámbitos de la opinión pública nacional se expresó sorpresa por la forma tan contundente con que la Conferencia del Episcopado Dominicano se manifestó en rescate de las reformas electorales pendientes en el Congreso Nacional, relegadas por los legisladores y el liderazgo político nacional y hasta en la sociedad civil.

En su tradicional mensaje con motivo de las festividades de la independencia nacional, los obispos católicos se pronunciaron por  una justa electoral en la que los contendientes “deben tener la misma igualdad o capacidad de competir con posibilidades reales de alcanzar el triunfo”, rescatando un planteamiento del 2004 en el sentido de que la Junta Central Electoral (JCE) está en el deber de “disipar toda clase de dudas a base de integridad, transparencia, eficiencia, eficacia y responsabilidad”.

El episcopado rechazó la concepción predominante de la política “como mera inversión comercial”, incluyendo el transfuguismo que en la actual campaña electoral parece alcanzar sus cotas más altas. Se refirieron también al peligro de que el dinero sucio o ilegal pueda terminar contaminando la voluntad de los próximos gobernantes, por lo que abogan por un sistema de transparencia.

Al preguntarse qué hacer, los obispos pasan a señalar nueve acciones concretas, comenzando por la aprobación de la Ley de Partidos Políticos, cuyo proyecto fue sometido al Congreso en julio pasado y que ha sido objeto de múltiples consensos políticos y sociales durante los últimos 13 años. En segundo lugar “una Ley de Campaña Electoral”, refiriéndose al contenido reglamentario del Proyecto de  Ley Orgánica del Régimen Electoral elaborado por técnicos de la Organización de Estados Americanos y enviado al Congreso a principio de diciembre por la JCE.

El tercer señalamiento, y que en gran medida sería consecuencia de los dos primeros, invita a “poner la mirada en el fortalecimiento de la democracia”, para de inmediato consignar la necesidad de “romper radicalmente con las prácticas corruptas del enriquecimiento ilícito a través del ejercicio de la política”.

Algunas reformas básicas

Sin explicitar sus alcances, la Conferencia Epíscopal Dominicana señaló algunas de las reformas electorales básicas que se han venido discutiendo por años en el país y que están contenidas en el Proyecto de Ley Orgánica del Régimen  Electoral, como campañas más cortas en el tiempo, tope en el gasto de partidos y candidatos, equidad en el uso de los medios de comunicación, uso legal de los recursos del Estado y debate entre los candidatos.

Hacía años que el episcopado católico no presentaba un pliego de reformas políticas electorales, aunque de forma individual los obispos han urgido sistemáticamente a emprenderlas. En abril del 2007 el entonces presidente de la Conferencia Episcopal, y arzobispo de Santiago, monseñor Ramón de la Rosa y Carpio, aprovechó la conmemoración del 84 aniversario de la JCE para formular todo un código de reformas electorales en orden a la democratización de los partidos, a la transparencia y rendición de cuentas y para limitar la extensión y los gastos de las campañas electorales y garantizar la equidad democrática.  

Ese año, la Cámara Administrativa de la JCE, entonces integrada por tres de los actuales titulares del organismo, incluyendo a su presidente Roberto Rosario, elaboró dos reglamentos, uno sobre “Campaña Electoral, Actos de Propaganda y Uso de los Medios de Comunicación”, y otro “Sobre Sistema Contable y Rendición de Cuentas de los Partidos”.     

El primero de los proyectos fue aprobado por el pleno de la JCE y  sometido a consideración de los partidos y la opinión pública. El liderazgo político se mostró indiferente o renuente, y varios medios de comunicación lo rechazaron alegando hasta inconstitucionalidad. Entrado el año 2008 se adujo que ya no había tiempo para implementarlo antes de los comicios presidenciales de ese año y que sería objeto de debate a posteriori, lo que no ocurrió hasta hace poco. Ni el desbordamiento del gasto gubernamental, con graves déficits fiscales  en esos comicios y en los del 2010, ni el encarecimiento de las campañas electorales ha generado voluntad política para la reglamentación. 

¿Ahora tampoco hay tiempo?

Puede ser que el reclamo del episcopado haya llegado tarde, justamente cuando la JCE dejaba abierto el período oficial de campaña a tres meses de los comicios. El mismo miércoles 15, al recibir a la presidenta de Transparencia Internacional, la doctora Huguette Labelle que visitaba el país, acompañada por dirigentes de Participación Ciudadana, el presidente del Senado y secretario general del Partido de gobierno, Reinaldo Pared,  expresó su convicción de que con los legisladores en la campaña electoral ya no habría tiempo para aprobar las reformas electorales antes de las elecciones.

El proyecto de Ley de Partidos radica en el Senado desde junio, hace 8 meses, pero ya no es urgente por cuanto en gran proporción está destinado a normar el funcionamiento democrático de los partidos y  sus elecciones internas, pero el de Ley Orgánica del Régimen Electoral se refiere a las campañas electorales con límites de tiempo, normativas para la propaganda, el financiamiento y el gasto, con la consiguiente rendición de cuentas, y  pretende adecuar la JCE a la Constitución del 2010.

El movimiento cívico Participación Ciudadana había quedado casi solo reclamando la adecuación del régimen electoral al nuevo marco constitucional, con la indiferencia de la generalidad de los partidos y en su tercer informe de observación electoral 2012 planteó que a falta de una ley del Congreso Nacional la JCE puede implementar la reglamentación a tenor de las facultades que le confiere la nueva Constitución.

PC recordó que el párrafo IV del artículo 212 de la Constitución promulgada hace dos años plantea que “la Junta Central Electoral velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento. En consecuencia, tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites de los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”.   

Olivares no pierde tiempo

Uno de los cinco miembros integrantes de la JCE, el licenciado Eddy Olivares, informado de que se ha descartado la posibilidad de que el proyecto de Ley Orgánica del Régimen Electoral sea aprobado antes de las elecciones de mayo, ha aprovechado  la nueva facultad constitucional para elaborar un proyecto de reglamentación que sometió esta semana a consideración del plenario del organismo.

En la comunicación que acompaña el nuevo “Proyecto de Reglamento de Propaganda Electoral” se indica que éste fue concebido “integrando en el mismo, con algunas modificaciones, los títulos XV sobre Propaganda Electoral y XVI sobre el uso de los Medios de Comunicación contenidos en la mencionada iniciativa de ley”, es decir del proyecto OEA-JCE.

La iniciativa de Olivares contiene 42 artículos con el objetivo expreso de “regular la propaganda electoral y el uso de los medios de comunicación durante el período electoral, para garantizar la equidad en  la campaña”. Prohíbe la propaganda anónima y la propaganda en los actos públicos de los órganos del Estado, así como hacer proselitismo en inauguraciones e inspecciones de obras y el reparto de bienes adquiridos con fondos públicos o recibidos en donación por entidades estatales

También procura congelar durante la campaña electoral la nómina de los beneficiarios de los programas sociales del Estado así como garantizar el acceso equitativo de todos los candidatos a los medios de comunicación controlados por el Estado. Plantea medidas cautelares, admoniciones  y sanciones administrativas para quienes violen una serie de principios específicos consignados.

El proyecto de Olivares podría quedar como otro buen intento fallido, pues se duda que el pleno de la JCE tenga suficiente voluntad para imponer una reglamentación que ninguno de los partidos mayoritarios reivindica con firmeza, y menos si es rechazada por el partido de gobierno.- 

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